“Que el medio ambiente no sea una víctima de la paz”:Pnud

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) lanzó una alerta sobre un tema al que poco se le ha puesto atención. El eventual y esperado por la mayoría acuerdo de paz con las Farc podría convertirse en un daño ambiental de altas proporciones para Colombia.

Lo hizo a través de un informe en el que publicó su previsión de la forma en que ese arreglo para el fin del conflicto llegaría a ser perjudicial en materia ambiental y, por ello, la necesidad de atender a recomendaciones que permitan reducir el daño y preservar los recursos naturales.

A lo largo del informe, el Pnud hace cuatro recomendaciones fundamentales que deben abordarse ya en las discusiones de La Habana, de cara a un postconflicto en Colombia y considerarlos para todos los puntos definidos por la Agenda de Conversaciones.

Según el informe, “el conflicto ha causado daños al medio ambiente por la siembra de minas antipersona, el ejercicio de la violencia en áreas protegidas, la deforestación provocada por los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal”. Pero también señala la paradoja de que muchas de las zonas mejor conservadas en términos ambientales son aquellas que, por ser tan remotas y tan aisladas como consecuencia del conflicto armado, han tenido un desarrollo limitado.

El Pnud sostiene que “los territorios más alejados serán protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de paz” entre las que se incluyen el desarrollo de infraestructura, desarrollo agropecuario, apertura de mercados, programas de desminado, sustitución de cultivos de uso ilícito y la creación de un fondo de tierras para la restitución a las víctimas.

Según el organismo de la ONU, esto hace indispensable tener en cuenta una gran variedad de aspectos de la sostenibilidad ambiental, tanto en la planificación como en la implementación de los acuerdos.

La primera de las cuatro recomendaciones que da el informe de las Naciones Unidas es en torno al ordenamiento territorial, el cual debería hacerse de manera concertada con las comunidades de cada territorio. Además, tener en cuenta las evaluaciones técnicas del suelo, las cuales determinarán qué uso se le puede dar a cada territorio.

El segundo consejo consiste en que el desarrollo rural en los diferentes territorios genere una producción sostenible, más allá de lo agropecuario, lo que implica considerar el patrimonio natural y específicamente la innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como una alternativa para diversificar la producción rural.

En tercer lugar está la regulación de la actividad minera y extractiva que es un tema que no se aborda en las conversaciones de La Habana (Cuba) con las FARC. Sin embargo, según el informe del Pnud, “la implementación de las propuestas puede verse afectada por la actual política minero energética”.

Por último recomienda que para implementar los acuerdos de La Habana, de manera que generen el mínimo perjuicio al medio ambiente, las instituciones del Estado deben fortalecerse, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local.

Antecedentes

La planificación de las zonas mineras está controlada por el gobierno central, esto limita a las autoridades regionales, seccionales o locales para establecer zonas de exclusión minera. La legislación colombiana, al establecer que el subsuelo es propiedad del Estado, abre la posibilidad de que la tierra sea expropiada a los agricultores de manera legal, sustentada en el atributo jurídico de la utilidad pública y el interés social. En 80% de los municipios afectados por el conflicto existen títulos mineros otorgados, incluso hay unos con más de 40% de su territorio titulado.