Radican primera demanda en el Consejo de Estado contra elección de Gregorio Eljach
El demandante alega una “onegibilidad simultánea”, considerando que fue postulado para el cargo cuando aún era secretario del Senado
16 de octubre de 2024Contenido
Una reciente demanda fue presentada ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la elección de Gregorio Eljach Pacheco como Procurador General de la Nación, elección que se realizó el pasado 2 de octubre. La demanda plantea dos pretensiones clave.
En primer lugar, se solicita la nulidad del acto administrativo que resultó en su elección, argumentando que este procedimiento fue irregular y no se ajustó a lo establecido en la ley. Los demandantes exigen que se declare inválido el acto de elección realizado en la plenaria del Senado.
En consecuencia de esta nulidad, la segunda pretensión insta al Consejo de Estado a exhortar a la Presidencia de la República a que realice una nueva convocatoria y elabore un nuevo ternado. Además, se pide que el Senado vuelva a llevar a cabo las elecciones para el cargo de Procurador General para el periodo 2025-2028.
La demanda también incluye una solicitud de medida provisional que busca la suspensión del acto administrativo que eligió a Eljach. De acuerdo con el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Cpaca, se argumenta que esta suspensión es un mecanismo cautelar crucial para prevenir que actos contrarios al ordenamiento jurídico sigan produciendo efectos mientras se decide sobre el fondo de la cuestión.
El Consejo de Estado reconoció en ocasiones anteriores que la suspensión provisional es un instrumento importante para proteger los derechos de los interesados ante posibles afectaciones. En este caso, los demandantes sostienen que la intervención del Consejo es urgente y necesaria para evitar un daño inminente a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.
Así, esta demanda no solo cuestiona la validez del proceso electoral que llevó a la elección de Eljach, sino que también busca garantizar que se sigan los procedimientos adecuados para la selección del nuevo Procurador General, asegurando la transparencia y legitimidad del cargo.