Reclutamiento y mortalidad infantil, entre los retos a atacar con el plan 2026-2030
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas entregó a Colombia 194 recomendaciones tras verificar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño
24 de abril de 2026Contenido
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas entregó a Colombia 194 recomendaciones tras verificar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, destacando que 45% de estas se centran en combatir las violencias y los impactos del conflicto armado. Estas observaciones finales, aunque no poseen un carácter judicial, representan una guía vinculante para el país, cuya inobservancia sistemática contraviene la buena fe de los tratados internacionales ratificados.
Luz Alcira Granada Contreras, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, señala que estas recomendaciones deben integrarse de manera central en el próximo Plan nacional de Desarrollo 2026-2030 y en los planes de gobierno.
El cumplimiento de estas medidas no genera sanciones legales directas, pero su omisión conlleva una sanción de carácter ético y político al evidenciar una falta de compromiso con la protección integral de la infancia.
El reporte reconoce avances como la reducción de la mortalidad infantil, la adopción de la Estrategia contra el Castigo Corporal y el fortalecimiento del marco normativo. Sin embargo, el Comité advierte sobre retos estructurales relacionados con el reclutamiento forzado, la explotación sexual comercial, la trata de personas y la desigualdad en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
En el caso del reclutamiento forzado, se ha cuadruplicado en los últimos cinco años según datos de Unicef y la Defensoría del Pueblo. Durante enero y febrero de 2026 se han documentado más de 15 casos oficiales, aunque persiste un alto subregistro debido al temor de las familias a las represalias de los grupos armados en los territorios.
La dinámica de este delito ha migrado hacia entornos digitales, donde 44% de las víctimas son contactadas por grupos al margen de la ley a través de redes sociales mediante engaños.
Antioquia y Norte de Santander concentran la mayor cantidad de reportes recientes, mientras que en zonas como el Cauca se ha registrado históricamente hasta 79% de los casos. Frente a esto, se identifica que la respuesta institucional es dispersa y no logra integrarse con las realidades territoriales, por lo que instancias como la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes requieren mayor fortalecimiento financiero y técnico. Granada enfatiza que la solución no recae únicamente en el Icbf, sino que involucra a todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, incluyendo a los ministerios y al poder judicial.
El Estado colombiano tiene pendiente la ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención, que permitiría a los menores presentar denuncias individuales ante instancias internacionales. Asimismo, se insta a reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos con capacidad de participación efectiva en la toma de decisiones públicas que les afectan. El cierre de brechas en educación, salud y nutrición es determinante para avanzar hacia un Estado que garantice plenamente sus derechos.