Reforma del equilibrio de poderes aprobada en su mayoría en el Senado
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La sesión que duró más de 10 horas abordó entre otros el artículo de tribunal de aforados, el cual busca crear que haya un mecanismo de juzgamiento a los llamados funcionarios con fuero que en la actualidad no tienen juez. Para eso se eliminaría la comisión de acusación, se crearía el tribunal de aforados y se definió que se separa el juicio político de la causa criminal, es decir de la denuncia penal.
Un artículo que se aprobó más fue el referente a la aplicación de la silla vacía en el poder legislativo (Congreso, concejos y asambleas) por delitos de corrupción y narcotráfico.
Pasó igualmente un artículo sobre los contralores. El Contralor General de la Nación sería elegido por el Congreso en pleno y no sería reelegido, los contralores departamentales y municipales serían elegidos por las asambleas y los concejos, saldrían de un concurso público y no serían reelegidos.
El defensor del pueblo sería elegido por cuatro años, de una terna que enviada por el presidente de la República y tampoco sería reelegido.
JUDICATURA
Pese a que se hicieron presentes voceros del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, la plenaria del Senado votó la eliminación del Consejo de la Judicatura a la vez que definió la nueva forma de gobierno y administración de la justicia.
La plenaria en la discusión del paquete de los artículos de justicia definió que tras la eliminación de la judicatura se creará un consejo de gobierno compuesto por los presidentes de la cortes (Suprema, Constitucional y Estado), un miembro por los magistrados y jueces, uno más por empleados de la rama y uno por el Ministerio de la Justicia que podría ser el mismo ministro. Se define también que haya un director general de la magistratura y sería elegido por dos años sin reelección.
La plenaria de la misma forma aprobó que los actuales empleados de la judicatura se les garantiza el empleo en la rama, con lo cual según los ponentes se evitará una catástrofe laboral.
También ya pasó el artículo que define en 8 años el periodo de los magistrados, al igual que la inhabilidad para que por cinco años al término de su función no puedan litigar ante la corte en donde estuvieron.
LOBBY DE MONTEALEGRE
La polémica en la plenaria se dio cuando senadores como los liberales Juan Fernando Velasco y Viviane Morales, denunciaron que en la misma estaba una funcionaria del despacho del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, haciendo lobby para que se impusiera una inhabilidad al fiscal.
Morales, dijo luego a los periodistas, que esa mujer consiguió cambiar al menos 20 votos para que se hundiera la inhabilidad a su jefe.
"Cuando presentamos esta proposición una asistente del despacho del fiscal pidió que se votara en contra y por eso pedimos respeto por la plenaria, porque finalmente logró su cometido", sostuvo la senadora luego a los medios.
Lo que finalmente quedó es que el fiscal al salir de su cargo sí podría litigar ante esa institución, mientras que en el caso de los magistrados de las altas cortes no lo podrán hacer durante año.