Revelaron amenazas, compra de votos y control armado en las elecciones al Congreso
Según un informe nacional, hay más de mil puestos de votación con resultados irregulares en las regiones más afectadas por el conflicto
19 de mayo de 2026Contenido
Según un informe del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050, distintos grupos armados presionaron a votantes en 15 departamentos durante las pasadas elecciones al Congreso. Estas amenazas se hicieron mediante WhatsApp, en donde controlaron quién entraba o salía de los pueblos y exigieron los certificados de votación para dejar los hostigamientos.
Para lograrlo, un equipo de 126 observadores revisó lo que pasaba en 42 municipios. La trampa con los votos funcionó pagando sumas fijas de dinero que iban desde los $20.000 hasta los $500.000. Para dar el dinero, los compradores exigían que el ciudadano entregara el certificado de votación o mostrara una foto como prueba.
El informe denuncia que en Chocó obligaron a comunidades indígenas a votar en grupo bajo amenazas, y que en otras zonas como Guaviare y Norte de Santander se armaron puestos cerca de las urnas para pagar por los votos.
Se anotó que 41% de los observadores reportó que los grupos armados ilegales estuvieron presentes en las elecciones. Aunque la mayoría de las veces no se mostraban de frente, la gente sentía su control en el ambiente. Entre los grupos que vigilaban los pueblos y repartían propaganda de candidatos estaban las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, afectando principalmente a las regiones del Pacífico, Urabá y el Catatumbo.
Al revisar los números de las votaciones, los investigadores descubrieron 1.019 puestos de votación con resultados irregulares, en donde un solo candidato ganaba casi con todos los votos o la cantidad de votantes era exageradamente alta o baja. El estudio demostró que 90% de estos puestos extraños estaban ubicados exactamente en los mismos pueblos donde mandan los grupos armados, sobre todo en departamentos como Cauca, Nariño, Guainía y Chocó.
Varios partidos políticos se quejaron de que el Gobierno no escuchó sus alertas de seguridad. Los candidatos aseguraron que les exigieron pagos de hasta $1 millón para dejarlos entrar a hacer campaña en los pueblos.
Los autores del informe entregarán estos datos a la justicia y anunciaron que aumentarán el número de observadores para vigilar las elecciones presidenciales.