Ruiz y De La Calle afrontarán investigaciones preliminares
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La Procuraduría General abrió indagación preliminar contra el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de La Calle, por emitir un concepto denigrante contra Revertrex días antes de anunciar la sanción del producto, señalado de contener información engañosa.
En marzo del presente año, el ente de control ordenó retirar la publicidad de este producto, donde se mencionara que es el secreto de la eterna juventud o cualquier afirmación que no esté científicamente sustentada, luego de que el organismo no encontrara ninguna prueba sustancial, técnica o científica que demuestre que esta marca previene o retrasa la edad en los seres humanos. Según el Ministerio Público, se emitió información a los medios de comunicación, antes de la notificación a los interesados.
Al respecto, fuentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestaron que De La Calle no se iba a pronunciar por el momento, dado que no habían sido notificados al cierre de esta edición. Además, argumentaron que la opinión pública tiene el derecho de conocer las decisiones de la SIC y que la emisión de información se realizó cuando ya se habían hecho las notificaciones pertinentes. En este caso, se presentaron demandas que siguen en curso.
De otro lado, el Ministerio Público también abrió indagación preliminar contra el ex superintendente de sociedades, Hernando Ruíz, por las presunta irregularidades en la reestructuración financiera de las empresas del Grupo Nule, involucrados en el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.La indagación se origina luego de conocer la declaración rendida por el empresario Miguel Nule, en el proceso que realiza la Corte Suprema de Justicia, contra el ex congresista Germán Olano, según la cual, Ruiz le exigió a los empresarios $1.000 millones para reestructurar financieramente una de sus empresas. “En la declaración rendida por Miguel Eduardo Nule en la Corte Suprema en el proceso contra el ex congresista Olano señaló que Hernando Ruiz, en su condición de Superintendente, le exigió la suma de $1.000 millones para reestructurar su empresa”, apunta el auto del Ministerio Público.
Para la Procuraduría existen conductas irregulares del funcionario, en caso de que se compruebe que exigió dinero. El Ministerio Público le solicitó a la Supersociedades que indique si ellos estudiaron, evaluaron o decidieron el proceso de reestructuración financiera del Grupo Nule.