Judicial

Se activó junta de inteligencia para verificar presunto plan de atentado contra Petro

Presidencia de la República

El presidente precisó que su labor en los territoriosse centró en garantizar la seguridad del Presidente, a través de esquemas de resguardo

16 de febrero de 2026

Isabella Rodríguez Ángel

Canal de noticias de Asuntos Legales

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El Gobierno Nacional activó una junta de inteligencia conjunta tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan para sabotear su reciente viaje a Estados Unidos y atentar contra su integridad. Esta determinación técnica se complementa con la instrucción previa de reforzar el esquema de seguridad asignado al jefe de Estado.

El Ministro de Defensa manifestó que la única evidencia disponible hasta el momento es un informe de inteligencia de conocimiento público. El funcionario señaló la necesidad de actuar con rigor en la verificación de los datos, advirtiendo sobre las implicaciones que tendría tanto la veracidad de la amenaza como la posibilidad de que se trate de información inexacta.

Dentro de las investigaciones se analiza la denuncia de José Fernando Picalúa Ochoa, un abogado que asegura haber sido suplantado en el informe que originó la alerta. En dicho documento se vincula a varios oficiales con supuestos actos de corrupción, señalamientos que el jurista califica como falsos, argumentando el uso no autorizado de su identidad y correo electrónico.

Como consecuencia de este proceso, se ordenó el retiro de la Policía Nacional del general Edwin Urrego mediante el decreto 0147. El oficial, quien ocupó cargos directivos en la Dijín y comandos metropolitanos, rechazó los señalamientos en su contra y aclaró que sus funciones no incluían la gestión directa del vehículo presidencial, tarea delegada a la Casa Militar.

El general Urrego sostuvo que sus labores en territorio se limitaron a coordinar las avanzadas de seguridad para las visitas presidenciales.

Asimismo, manifestó su disposición para someterse a pruebas de polígrafo y otros requerimientos técnicos que permitan esclarecer su situación jurídica y demostrar la inexistencia de pruebas que lo vinculen con las irregularidades mencionadas.