Se habrían saltado turnos en reparto de demandas de Sura y Argos en medio de OPA

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En el avance del capítulo jurídico dentro del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), esta semana se conoció que la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en las demandas que se dieron en medio del periodo de aceptación de la OPA por Nutresa.

Tanto Sura como Argos presentaron demandas civiles contra la decisión de la Junta Directiva de vender su participación en Nutresa a IHC, cuestionando la legalidad del órgano. Esto, porque cuatro de los siete integrantes (los designados por el GEA) habían presentado su renuncia, con lo que los demandantes interpretaron que no había quorum para tomar una decisión.

La Fiscalía General de la Nación recibió dos denuncias penales que apuntan a presuntas irregularidades en los procedimientos civiles. Puntualmente en el reparto, porque las dos demandas cayeron al mismo juzgado; y en los autos admisorios y la adopción de medidas cautelares, que se habrían dado de manera casi simultánea y en tiempo récord.

En cuanto al reparto, ambos procesos terminaron en el despacho del juez Rafael Antonio Matos Rodelo, del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, quien falló recientemente a favor de Grupo Sura con medidas cautelares que ordenaron desconocer lo ordenado por la Junta en la OPA de IHC. Dentro del Juzgado, se habrían saltado turnos en el reparto de las demandas.

Según información publicada en la página de la Rama Judicial del despacho, había asuntos que se radicaron antes del 16 de noviembre, fecha en la que se recibió la acción legal de Sura, los cuales se debían atender antes de las que presentaron ambas empresas del GEA.

Entre los procesos que se debían resolver estaba el Declarativo Verbal de Responsabilidad civil extracontractual, con Sebastián Cadavid Benitez como demandante y en contra de la Compañía Metropolitana de Buses, la Compañía Mundial de Seguros y Juan Felipe Ramírez. Según lo informó Semana, la demanda se presentó el 11 de noviembre y aún no tiene decisión ni pronunciamiento de admisión o inadmisión.

Un segundo proceso llegó al despacho el 11 de noviembre, dice Semana, y, sin embargo, solo fue resuelto el 22 de noviembre, 11 días después y luego de que se resolvieran las demandas de Sura y Argos.

Las demandas de Sura y Argos

Primero, el 16 de noviembre se habría presentado, para su reparto, la primera demanda de Grupo Sura contra Andrés Bernal Correa, María Ximena Lombana Villalba y María Ángela Tafur, los miembros de la Junta Directiva de la compañía que decidieron vender la participación que tiene la sociedad en Nutresa, en medio de la OPA de IHC que culminó el 18 de noviembre.

Luego, el 17 de noviembre, un día antes de que se acabara el periodo de aceptación de la OPA, Argos habría presentado la segunda demanda, que también llegó al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín.

Ese mismo día, luego de la radicación y el reparto del proceso, se emitió un auto admisorio. Y también el 17 surtió el proceso y el juez profirió las medidas cautelares, cuando usualmente esos procesos duran cerca de un mes.

Medidas cautelares

El 17 de noviembre, el juez Matos ordenó a los representantes legales de Sura no atender instrucciones que provengan de Junta Directiva con menos de cuatro miembros. Con ello, finalmente Grupo Sura no acató la decisión del órgano rector de vender en la OPA de IHC por Nutresa.

"Se ordena a toda persona que obre como representante legal de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. que se abstenga de ejecutar órdenes o instrucciones que supuestamente provengan de la Junta Directiva de la sociedad, cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro miembros", decía la decisión de medidas cautelares.

Igualmente, ordenó "a María Ximena Lombana Villalba, Andrés Bernal Correa y Ángela María Tafur Domínguez abstenerse de impartirles pretendidas órdenes o instrucciones a los representantes legales de Grupo Sura, en particular respecto de la pretendida enajenación de las acciones de las que Grupo Sura es titular en Grupo Nutresa S.A. en respuesta a la OPA lanzada por IHC Capital Holding LLC".

Sin Sura, y con la decisión de Argos de no participar en la OPA, la Bolsa de Valores de Colombia declaró la oferta desierta. Luego, el título de Nutresa cayó casi 30%.

Como los hechos denunciados podrían configurar un episodio de corrupción judicial, la Fiscalía delegó a un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra la Corrupción para que la investigación avance de manera ágil.

Remiten reportes de prensa

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Seccional de Antioquia los reportes publicados por Semana y El Tiempo relacionados con la presunta incursión de fallas disciplinarias por parte de Matos, con ocasión de presuntas irregularidades en el reparto, adopción de medidas cautelares y auto admisorio de demanda, con respecto al proceso de la OPA para adquirir acciones de Nutresa y las acciones interpuestas por Grupo Sura y Cementos Argos.

"Lo anterior, por ser de su competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 114 de la Ley 270 de 1996, en interpretación armónica con lo dispuesto por el Artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 a efectos de que se surta el trámite correspondiente".

Lo que dicen Sura y Argos

Desde Grupo Sura señalaron que la compañía no ha recibido ninguna notificación de una demanda penal, por lo que desconocen si la empresa está vinculada. Además, agregaron que desconocen la demanda que presentó Cementos Argos sobre la transacción.

Grupo Argos también emitió un comunicado en el que asegura que las demandas solicitadas "están encaminadas a la protección de sus derechos como accionista de Grupo Sura S.A., frente a actuaciones de hecho realizadas por tres miembros de la Junta Directiva de dicha compañía, que pretendieron adoptar decisiones sin contar con las mayorías legales y estatutarias".

Y agregó que "tanto la demanda como las medidas cautelares solicitadas por Grupo Argos S.A. y decretadas judicialmente resultan procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico. La compañía confía en las instituciones y continuará ejerciendo de manera leal todos los derechos que le confieren la Constitución y la ley".