Se reprogramó la audiencia de imputación contra Ricardo Roa por violación de topes electorales
El aplazamiento se concedió a solicitud de su defensa tras la reciente imputación del exgerente debido al tráfico de influencias
12 de marzo de 2026Contenido
La audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes electorales, programada originalmente para este jueves, fue reprogramada para el próximo 8 de abril. Esta decisión se tomó tras una solicitud formal de su abogado defensor, Juan David León Quiroga. La defensa argumentó que el tiempo disponible resultaba insuficiente para preparar dos diligencias judiciales distintas programadas en la misma semana.
Esta reprogramación ocurre un día después de que la Fiscalía General de la Nación imputara a Roa por el delito de tráfico de influencias. Dicho proceso se centra en la adquisición de un inmueble en Bogotá durante el año 2022 a través de una firma internacional. Según la tesis del ente acusador, la compra se realizó por un valor inferior al avalúo comercial como parte de un acuerdo para beneficiar a terceros con contratos en filiales de Ecopetrol.
La diligencia aplazada corresponde a una línea de investigación diferente, centrada en la presunta violación de topes de financiación durante la campaña presidencial de 2022. En ese periodo, Roa se desempeñó como gerente nacional de la campaña. Las autoridades judiciales buscan determinar su responsabilidad en la administración y reporte de los recursos utilizados durante las dos vueltas electorales.
El foco de la investigación recae sobre aportes económicos que no habrían sido reportados debidamente en los estados financieros presentados ante la autoridad electoral. Entre estos recursos se encuentran fondos provenientes de organizaciones sindicales como Fecode y la Unión Sindical Obrera, USO. La Fiscalía sostiene que estos dineros debieron ser registrados como parte de los gastos de campaña bajo la supervisión del entonces gerente.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral ya ha emitido pronunciamientos administrativos sobre el exceso de gastos en dicho proceso proselitista. Con la nueva fecha definida para abril, la justicia busca formalizar los cargos relacionados con la gestión financiera de la campaña. El proceso judicial continuará una vez se cumpla el plazo solicitado por la defensa para el análisis de las pruebas.