Segunda jornada antilavado busca mitigar contrabando

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Actualmente, 22.081 bienes se encuentran ocupados con fines de extinción de dominio en manos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Dijín, así como ha identificado 54.000 derivados de actividades ilícitas y productos del lavado de activos en los últimos años.

Estas cifras hacen parte del evento que se llevará a cabo hoy en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), una iniciativa del programa Negocios Responsables y Seguros, con el fin de promocionar la cultura de la legalidad, crear conciencia en la ciudadanía sobre cómo el lavado de activos es un problema que va más allá de las drogas y se extiende a delitos como la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro y el contrabando.

En este segundo día nacional de la prevención de lavado de activos se encontrarán el ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, el representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia, Bo Mathiasen; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Jorge Mario Díaz; el vicepresidente Económico de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Daniel Castellanos; y Luis Edmundo Suárez, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Jairo García, director del programa de seguridad y convivencia de la CCB, dice cuáles son los dos objetivos de la iniciativa: “lo primero es presentar un balance de la acción institucional frente a este tipo de delitos. Eso desde el sector público, y desde lo privado, buscamos reconocimiento a buenas prácticas empresariales en prevención y adopción de lavado de activos”.

Durante el evento se presentará el modelo de gestión de riesgos de lavado de activos para el sector de transporte y de carga terrestre.

Ley de extinción de dominio
Uno de los marcos que define esta iniciativa sobre la cultura por la prevención de lavado de activos, es la ley de Código de Extinción de Dominio. Este mes, el procurador general, Alejandro Ordóñez, se refirió a una norma incluida en el proyecto que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado, y que establece la autorización de una devolución de hasta 6% de los bienes incautados a los delincuentes que confiesen haber adquirido con recursos ilegales.

La preocupación de Ordóñez radica en que a su juicio “no parece constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario”, en este caso la Fiscalía.

Cabe recordar que el ministro Gómez Méndez aprobó el proyecto de ley, con ciertas dudas a su parecer, sin embargo, calificó la iniciativa de buena para el país.

En su momento, la cabeza de la cartera de justicia aseguró que las dudas sobre el proyecto serían discutidas en una “comisión interinstitucional entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los ponentes que van a mirar lo que tiene que ver la proporción de los bienes, la mezcla de sistemas y las dudas de constitucionalidad que pueda haber”.

La opinión

Jairo García Guerrero
Director del programa de Seguridad y Convivencia de la CCB
“Desde la Cámara de Comercio de Bogotá buscamos mitigar los riesgos al sector empresarial como el contrabando, la extorsión, el secuestro y las amenazas a través de la adopción de medidas de prevención y con el reporte a las autoridades pertinentes”.