Hombre vinculado al caso de Miguel Uribe fue sentenciado por otro crimen contra extranjero
Elder José Arteaga Hernández fue condenado a 21 años de cárcel por el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín
20 de mayo de 2026Contenido
Un juez de la República condenó a 21 años de prisión a Elder José Arteaga Hernández, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano. Los hechos investigados ocurrieron el 30 de junio de 2024 en un establecimiento comercial del barrio El Poblado, en Medellín, donde la víctima, un comerciante de tecnología de 54 años, falleció luego de recibir ocho impactos de bala.
El procesado aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Según los elementos probatorios recaudados por el ente acusador, Arteaga Hernández se desempeñaba como articulador de una organización delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos y viajó a la capital de Antioquia con el fin de coordinar la logística y el momento exacto para ejecutar el ataque.
Por este mismo hecho, las autoridades judiciales ya han dictado sentencia condenatoria contra otras cuatro personas mediante la figura de preacuerdo. Entre los sentenciados se encuentran David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón, quienes recibieron una pena de 18 años de prisión, además de Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada, quienes también fueron vinculados formalmente al proceso penal por la muerte del ciudadano extranjero.
Asimismo, Arteaga Hernández enfrenta un proceso paralelo en Bogotá por su presunta participación en el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia. La Fiscalía señala que el acusado habría empleado un modus operandi similar, encargándose de estructurar el plan criminal, definir las funciones de los involucrados y liderar reuniones previas en la localidad de Bosa para concretar el atentado.
La investigación penal en la capital de la República ubica al procesado en labores de vigilancia contra el congresista y en el reconocimiento previo de la zona del crimen. El material probatorio recopilado indica que el hoy condenado presuntamente entregó el arma de fuego al adolescente que disparó contra el parlamentario y supervisó de manera directa el desarrollo de la acción delictiva.