SIC formula cargos contra Bavaria por presunto incumplimiento de compromisos de competencia
Se pretende determinar si la empresa incumplió compromisos asumidos en 2022 dentro de un proceso ya tratado
10 de junio de 2026Contenido
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, formuló un pliego de cargos contra la empresa Bavaria para establecer si incumplió las garantías que habían sido aceptadas por la autoridad de competencia en 2022, las cuales permitieron el cierre anticipado de una investigación sobre posibles restricciones a la libre competencia en el mercado de cerveza.
La actuación se deriva de un proceso en el que se analizó si la compañía habría implementado mecanismos que dificultaban el acceso o la expansión de competidores mediante cláusulas de exclusividad con establecimientos dedicados a la venta de cerveza. Como parte de los compromisos adquiridos, Bavaria se comprometió a eliminar cláusulas de preferencia, reducir el uso de exclusividades y flexibilizar ciertas condiciones comerciales.
Durante las labores de seguimiento, la SIC recibió información y denuncias sobre posibles incumplimientos de esas obligaciones. Entre las fuentes consultadas se encuentra Central Cervecera de Colombia, que aportó información recopilada en establecimientos comerciales de distintas regiones del país.
La entidad realizó más de 100 visitas administrativas en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bello, Envigado, Itagüí y Tunja, además de requerimientos a agentes del mercado y toma de declaraciones. Con base en este material, la SIC concluyó que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.
Según la Superintendencia, la evidencia recopilada indicaría que Bavaria celebró contratos de patrocinio que incluían condiciones incompatibles con los compromisos adquiridos. Entre las conductas analizadas se encuentran presuntas exclusividades no reportadas, relaciones de preferencia prohibidas, condicionamientos para el suministro de productos, penalidades relacionadas con equipos de refrigeración y obligaciones de compra mínima.
La SIC señaló que, de comprobarse los hechos investigados, la empresa podría enfrentar sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El proceso continuará en la etapa correspondiente, en la que los interesados podrán intervenir conforme a la normativa aplicable.