SIC ordenó a Amarilo revisar deficiencias en proyecto de vivienda en Villavicencio

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La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, emitió hoy una orden administrativa a la constructora Amarilo S.A.S. para proteger a los consumidores ante presuntas deficiencias constructivas en el Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, en Villavicencio, que pondrían en riesgo su seguridad.

Las medidas de esta orden incluyen realizar un estudio técnico y patológico integral del estado actual del conjunto, presentar un plan de trabajo con cronograma detallado de reparaciones, tiempos estimados e intervenciones justificadas que serán asumidas por la constructora , e implementar medidas inmediatas de seguridad, señalización y aislamiento para mitigar cualquier riesgo inminente.

Asimismo, la constructora deberá informar a la SIC y a la administración del conjunto sobre los resultados de dicho estudio, el plan de trabajo, las respuestas a las PQR presentadas desde 2024, los informes de visitas técnicas desde enero de 2025 y las pólizas de estabilidad vigentes.

Este proceso inició con una averiguación preliminar tras una denuncia ciudadana que reportaba daños estructurales y deterioros generalizados en diferentes componentes de las edificaciones. Para esto, la SIC recopiló información documental, requirió datos técnicos a la constructora, analizó planos arquitectónicos y memorias de cálculo, y evaluó un informe técnico aportado por los denunciantes.

Además, visitó el sitio para recolectar las pruebas suficientes, recaudando registros fotográficos y declaraciones de los propietarios, representantes de la copropiedad y personal de la interventoría. Con esto, evidenció situaciones de riesgo potencial para la salud, vida e integridad de los residentes y de la comunidad en general.

En un comunicado, la Superindustria aclaró que contra su orden administrativa no procede ningún recurso legal y que Amarilo S.A.S. debe demostrar el cumplimiento de cada orden en los plazos fijados por la entidad. De lo contrario, el incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a la imposición de multas previstas en la Ley 1480 de 2011.