Libertad de Álvaro Uribe Vélez se decidirá en la mañana del sábado 10 de octubre

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El fiscal que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, Gabriel Jaimes, solicitó durante la audiencia ante la juez 30 de control de garantías que se deje en libertad al exmandatario.

Tras hacer un recuento de la jurisprudencia que, considera, marca la pauta sobre este caso, el fiscal le dio la razón al apoderado de Uribe, Jaime Granados, quien durante su intervención señaló que no se pueden equiparar la indagatoria con la imputación. Jaimes argumentó que los dos actos procesales tienen implicaciones distintas en un proceso penal.

Adicionalmente, señaló que tras revisar la documentación del proceso detectó "que la forma de vinculación realizada por la Corte afecta el debido proceso". Esto, porque encontró que en la indagatoria al expresidente Uribe no se le transmitieron todos los hechos, ni se estableció el título de los delitos, la modalidad y circunstancias por los que lo investigaban, lo que constituye una "vulneración al debido proceso". Además, señaló que al exmandatario no se le puso de presente la posibilidad de confesar los delitos y sus derechos, que son requisitos indispensables en la imputación.

Por todo lo anterior, solicitó que, en aras de respetar el debido proceso y las garantías de todas las partes, se deje en libertad al expresidente. Sin embargo, aclaró que "la investigación no parte de cero", y que las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia se tendrán en cuenta para una eventual imputación.

La intervención de la defensa

Durante la primera intervención de la audiencia, el penalista Jaime Granados formalizó la petición de libertad inmediata de su cliente, argumentando que no hay validez jurídica de la medida de aseguramiento si el proceso cambió de Ley 600 a Ley 906, como señaló la Corte Suprema de Justicia.

El abogado aclaró que no va a pedir la nulidad de todo el proceso en esta audiencia, en la medida que la Juez 30 de control de garantías no es competente para ello y solo puede a la referirse la libertad del exmandatario.

Granados, además, señaló que le corresponde a la Fiscalía solicitar la medida de aseguramiento y que, en la medida en que el investigador del caso, el fiscal Gabriel Jaimes, no ha señalado los criterios para mantener detenido al expresidente, no hay razón para mantenerlo privado de la libertad. "No se puede hacer una equivalencia entre la indagatoria y la formulación de imputación", dijo.

Adicionalmente, tras explicar las diferencias entre la imputación (propia de la Ley 906), y la indagatoria, que hace parte de la Ley 600, resaltó que no se pueden equiparar ambas figuras, y dijo que por las diferencias entre ambas leyes "no puede entenderse que a Álvaro Uribe se le haya formulado la imputación y sin imputación no se puede imponer medida de aseguramiento".

Las otras partes del proceso deberán fijar su posición sobre la materia y, posteriormente, corresponderá a la juez 30 de control de garantías, Claudia Ximena Salcedo, decidir sobre la libertad del exmandatario y la etapa procesal.

La intervención de Montealegre y Perdomo

Durante la intervención Eduardo Montealegre, que duró más de una hora y media, el exfiscal expuso los argumentos por los que el expresidente Uribe no debe ser dejado en libertad. Para el exfuncionario, la detención de debe mantenerse porque el tránsito de ley 600 a ley 906 no anula lo actuado por la
Corte.

Montealegre dijo que no se puede partir de que hay una nulidad porque Uribe decidió renunciar al Senado para cambiar de juez. Además, insistió que cuando el proceso estaba en Corte Suprema se respetaron garantías procesales.

El exfiscal indicó que hay tres principios constitucionales para restringir libertad de una persona: proporcionalidad, seguridad jurídica, instrumentalidad. Y desarrolló cada uno.

Por su parte, el vicefiscal Perdomo dijo que, aunque la defensa de Uribe asegura que lo actuado por la Corte, no tiene "validez" por cambio de ley, la jurisprudencia dice que ese argumento no tiene sustento.

"La decisión de la detención fue tomada por juez competente que en ese momento era la Corte y estuvo apegada a ley que regía para Uribe porque era Senador", expresó.

Agregó que a Uribe no se le violó ningún derecho porque el procedimiento penal con el que se determinó su detención estaba vigente para ese momento. "Lo único que cambia es la ritualidad por la que se tramita el asunto y no invalida lo actuado".

En su argumentación, Perdomo citó extensamente precedentes judiciales y aseguró que la detención se debe mantener. "Uribe fue el que causó un caos procesal", expresó.

Contrario a lo planteado por Perdomo y Montealegre, la calificó como “sistemas antagónicos” a la Ley 600 y la Ley 906delegada del ministerio Público e indico, en la misma línea de la Fiscalía que Uribe debe recuperar su libertad.

A las 9:55 de la noche, la Juez 30 de control de garantías suspendió la audiencia y anunció que se reanudará el sábado 10 de octubre a las ocho de la mañana, día que dará su veredicto.