Sindicato del Inpec exige medidas urgentes de seguridad para uniformados
La organización sindical solicitó reforzar el patrullaje policial, garantizar equipos de protección y acelerar las investigaciones por los atentados contra funcionarios penitenciarios
13 de octubre de 2026Contenido
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La Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, pidió al Gobierno reforzar la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tras los recientes ataques contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en distintas zonas del país.
El pronunciamiento, firmado por el presidente nacional de la organización, Oscar Robayo Rodríguez, advierte que los homicidios contra los funcionarios representan una amenaza directa para la seguridad del Estado y la estabilidad del sistema penitenciario.
Aunque el sindicato reconoció el respaldo expresado por el presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del Inpec, insistió en que las declaraciones institucionales deben traducirse en acciones concretas, permanentes y verificables para proteger la vida de los uniformados.
Entre las principales solicitudes, la organización pidió aumentar el patrullaje de la Policía Nacional en los perímetros y las vías de acceso a los establecimientos penitenciarios, además de fortalecer las labores de inteligencia para combatir las estructuras criminales. También exigió garantizar la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y otros elementos de protección.
La UTP también reclamó protocolos efectivos de protección y evaluaciones de riesgo que permitan a los trabajadores ejercer sus funciones sin intimidaciones. A esto se suma el llamado a la Fiscalía General de la Nación para acelerar las investigaciones y lograr la identificación de los autores materiales de los atentados.
Como parte de sus exigencias, el sindicato solicitó convocar de inmediato una Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria, con participación de los ministerios de Justicia y Defensa, el Inpec, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sindicales. El objetivo sería establecer compromisos concretos y plazos para implementar las medidas de protección.
Finalmente, la organización rechazó el uso político de la violencia en el sector penitenciario y cuestionó las disputas y los protagonismos entre organizaciones gremiales. Según la UTP, la prioridad debe centrarse en proteger la vida de los funcionarios, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el ejercicio de sus labores.