Solicitaron recusar al magistrado Carlos Roberto Solórzano en el proceso contra Uribe
Las víctimas solicitaron que el nuevo presidente de la Sala Penal se aparte del expediente debido al vínculo laboral que tiene su hijo
27 de enero de 2026Contenido
El magistrado Carlos Roberto Solórzano, recientemente nombrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta una recusación en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por acusaciones de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La solicitud para que el togado se aparte del caso fue presentada por los abogados de las víctimas, Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba. El argumento central de la petición se basa en un posible conflicto de intereses que podría comprometer la imparcialidad del magistrado en este caso de alta relevancia nacional.
Los representantes de las víctimas argumentaron la solicitud en el vínculo familiar del magistrado con un funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Específicamente, señalan que el hijo de Solórzano integra la oficina del procurador Bladimir Cuadro, quien en etapas previas del proceso intervino a favor de la inocencia del exmandatario y solicitó el cierre de la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal durante la primera instancia y, posteriormente, pidió revocar la condena emitida contra el líder del Centro Democrático.
El proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia tras la presentación de demandas de casación por parte de la Fiscalía y las víctimas el pasado 13 de enero. Estos recursos buscan que la Sala Penal revise y modifique la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, la cual absolvió a Uribe Vélez en segunda instancia. El caso requiere ahora que el alto tribunal determine si la decisión de absolución se ajustó a la ley o si debe prevalecer el criterio de la primera instancia judicial.
En julio de 2025, el expresidente había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, en octubre del mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que el procesado indujo a terceros a obtener testimonios a su favor. Esta resolución contradijo el fallo inicial de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien sostuvo la existencia de maniobras para manipular a exparamilitares recluidos.
La resolución de la recusación contra el magistrado Solórzano es el paso inmediato para definir la conformación de la sala que estudiará el recurso de casación. Mientras las víctimas sostienen que la relación laboral de su hijo genera un impedimento ético, la Corte deberá evaluar si dicha circunstancia afecta legalmente la autonomía del ponente.
Este trámite procesal determinará el curso de la revisión final sobre la responsabilidad penal del exjefe de Estado en los hechos investigados.