Superintendente Maria José Navarro responde a denuncia por desacato en caso Coosalud
Mientras Quintana alega un desacato a un fallo judicial de restitución, Navarro sostiene que actúa bajo competencias benéficas
22 de abril de 2026Contenido
La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, manifestó que su proceder se ajusta a las facultades legales de su cargo. Estas declaraciones surgen tras la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y la queja radicada en la Procuraduría por el abogado Julián Quintana. El jurista acusa a la funcionaria de incurrir en desacato frente a un fallo judicial relacionado con la administración de la entidad de salud Coosalud.
El conflicto jurídico se centra en una orden de restitución de la EPS a quienes Quintana identifica como sus representantes legales legítimos. Según la denuncia, la Superintendencia habría omitido cumplir con la disposición del Tribunal, manteniendo la intervención sobre la cooperativa. El documento presentado ante las autoridades competentes solicita investigar la responsabilidad administrativa y penal de Navarro en este proceso de toma de posesión.
Por su parte, Navarro argumentó que las acciones realizadas por la Superintendencia buscan proteger el patrimonio de la cooperativa intervenida. La funcionaria sostuvo que estas decisiones se fundamentan en una resolución oficial expedida por el organismo que dirige. Aseguró que el resguardo de los bienes de este tipo de entidades no constituye una conducta ilícita, sino que forma parte de sus obligaciones institucionales.
La superintendente afirmó que no modificará su postura ni detendrá sus funciones ante las acciones legales emprendidas en su contra. En sus comunicaciones públicas, reiteró que la intervención se mantiene vigente bajo el amparo de la normativa de la economía solidaria. La funcionaria calificó las denuncias como un mecanismo que no afectará la dirección de los procesos de vigilancia que lidera actualmente su despacho.
El caso queda ahora bajo el análisis de los organismos de control y la justicia ordinaria, quienes deberán determinar la validez de los argumentos de ambas partes. La resolución de este conflicto definirá el futuro de la administración de Coosalud y la legalidad de los procedimientos de intervención ejecutados por la Superintendencia.
Mientras tanto, el proceso administrativo continúa en medio de la disputa entre la defensa técnica de la EPS y la autoridad estatal.