Suspenden al alcalde de Popayán Francisco Puentes
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A través de un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que suspendió al actual alcalde de Popayán, Francisco Fuentes Meneses.
El funcionario estaría fuera de su cargo por ocho meses, una decisión que la PGN tomó en primera instancia.
La razón, dice la entidad, es que intervino en “la adjudicación y celebración de contrato estatal con persona que estaba incursa en causal de inhabilidad”.
La situación se presentó cuando el 21 de diciembre de 2012 el Alcalde adjudicó una licitación pública a la Organización Interhtal Constructora Cooperativa (Coopemun).
La obra que debía realizar era la construcción de pavimientos en el proyecto para mejorar 5,9 kilómetros de vías rurales.
El contrato tenía un valor de $2.409 millones. La empresa tiene como representante legal a Vladimir Roldán Umaña, informó la entidad.
El dirigente también había sido declarado responsable por el delito de peculado por apropiación, lo que le había significado 57 meses y 28 días de cárcel, así como una sanción pecuniaria de $1.065 millones. Este delito le había además prohibido establecer contratos con entidades estatales por un plazo de 10 años y como quedó ejecutriado en 2012 solamente hasta el año 2022 podría volver a participación en las diversas formas de contratación pública.
La PNG también actuó con respecto a la destitución del expresidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera Vergara, a quién inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos así como a Rodrigo Salazar, jefe de la oficina jurídica a quien también se inhabilitó durante 12 años.
La investigación permitió establecer que Barrera Vergara “evadió el proceso de licitación pública para escoger al quinto operador que se encargaría de la explotación y la prestación del 15% del servicio público de transporte de pasajeros dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, pues en su lugar adicionó dos de los contratos de concesión ya existentes”.
La adjudicación se dio a cuatro oferentes la prestación de 85% del servicio y se declaró “parcialmente desierta el 15” restante, lo que implicó posteriormente adiciones a los contratos y supuso una gran irregularidad.