Tras inspecciones a la SAE, Procuraduría señaló que no hay certeza del número de bienes
El ente de control anunció que encontró al menos cinco puntos irregulares tras inspección a la sede principal de la SAE en Bogotá
31 de octubre de 2022Contenido
La novela de los bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene un nuevo capítulo. Recientemente, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (Dnie) realizó una primera inspección disciplinaria en la sede principal de la SAE, ubicada en Bogotá, en la cual encontró varias inconsistencias.
"Dicha intervención contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo", recalcó el Ministerio Público.
De acuerdo con los resultados de la inspección, no existe una certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la SAE. Por otra parte, según el ente de control, no se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.
Sumado a estos puntos, la dirección señaló que no son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables sin tener auditoría alguna y, además, se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.
Por último, señaló que se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.
Debido a estos resultados tras la inspección, el Ministerio Público anunció una indagatoria previa en contra de la sociedad para aumentar la rigurosidad en las investigaciones con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables y, además, determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.