Tras un año de reglamentarse, 1,1% de los abortos fueron después de la semana 24

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Se cumplió un año desde que Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. La Corte Constitucional aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por cinco votos contra cuatro.

El fallo de la Corte se produjo como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones, en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto.

El aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006 se permitía por tres causas: violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo.

Después de un año de que se falló a favor del aborto, Profamilia ha garantizado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 en su red de más de 53 clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.

Con esta sentencia, las mujeres, hombres trans y no binarios que deciden interrumpir el embarazo lo hacen tempranamente. Durante este primer año, 97,2% de los abortos realizados a través de Profamilia, se hicieron antes de la semana 16 de gestación y, de estos, 86% antes de la semana 12. Únicamente 1,1% de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas, bajo alguna de las causales de la Sentencia C-355 de 2006.

“Las mujeres, en general, toman la decisión de terminar el embarazo lo más temprano posible y van al sistema de salud cuando tienen la posibilidad. Ese 1,1% de personas que lo hacen después de la semana 24 son porque, en su mayoría, son menores que no tuvieron información a tiempo, que viven en lugares lejanos, recibieron un diagnóstico tardío o puede ser que estén en situaciones de violencia”, aseguró Diana Moreno, directora de incidencia en Profamilia.

La organización registró un aumento de 65,9% en los procedimientos legales. Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España y México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un incremento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye.

“Esto tiene que ver con un fenómeno en el que, una vez las leyes que persiguen a las mujeres penalmente se vuelven más flexibles, es más fácil para ellas tener información sobre cuáles son sus derechos y tener menos miedo de ser encarceladas por ir al sistema de salud”, agregó.

Distintas autoridades han cumplido sus obligaciones y reiterado su compromiso con el derecho al aborto.

En agosto de 2022, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó que Colombia se retiraba oficialmente de la Declaración del Consenso de Ginebra -reconocida por su contenido contrario a la autonomía reproductiva y a la diversidad familiar- y reiteró que el país reconoce, respeta y protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. De acuerdo con la Constitución Política y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Si a una mujer que está en embarazo (con 24 semanas de gestación o menos) no se le permite abortar legalmente, se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales.

“Entre ellos, el derecho fundamental al desarrollo de la libre personalidad, y se le podría estar causando un daño a esa persona porque se le estaría ocasionando una agresión a su proyecto de vida”, dijo Rodrigo Andrés Riveros, gerente de Riveros Victoria Abogados.

En el caso de que a mujer no se le practique el aborto antes de este tiempo, se podría radicar una acción de tutela. “El problema es que, si lo hace en la semana 24, cuando se le resuelva el caso ya estaría en la semana 26 o 27. Tendría que dilucidar eso, porque hay una situación compleja”, agregó Riveros.

Los médicos, por su parte, tienen la posibilidad de hacer una objeción de consciencia para abstenerse de realizar el procedimiento. “Una vez objete, se conforma una junta médica que debe tomar la decisión y este órgano no puede objetar consciencia, sino que debe buscar otro profesional”, dijo Riveros.

La objeción de consciencia no le permite al profesional dar información incorrecta o tergiversada. “No puede hostigar o persuadir para que cambien la opinión, hacerlo estaría por fuera de la ética profesional y puede cargar con sanciones por tribunales de ética médica incluso de responsabilidad civil“, concluyó Moreno.

Leyes
El 12 de enero se expidió la Resolución 051 de 2023, con la que el Ministerio de Salud regula la atención integral para ofrecer servicios de aborto en toda Colombia. Con esta resolución se les garantiza el servicio a las mujeres migrantes en Colombia y se reconoce este derecho como un servicio esencial. Con ella se reafirma que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre un aborto, sin permiso de sus padres y aún cuando su decisión sea contraria a la de ellos.

El 2 de febrero de 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 023 que tiene como objetivo garantizar el derecho al aborto sin barreras y promover el conocimiento y acceso a información sobre derechos y prevención de la maternidad y paternidad temprana, con lo cual no solo se impacta el derecho a la salud, sino que se fortalece al sector y se convierte en un referente para otras ciudades del país en el compromiso que deben asumir para garantizar el acceso al aborto como servicio de salud.

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026 incluyó la garantía del derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en el marco de la formulación e implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos que deben ser actualizados en los próximos 10 años. Con esto se busca asegurar recursos que permitan impulsar la materialización de todas las medidas y acciones que refuercen las garantías del derecho al aborto.

Los PND son una guía que establece los objetivos de cada gobierno para el cuatrienio, con programas, inversiones y metas específicas. "Estos planes son importantes para evaluar los resultados del gobierno y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto", dijo José Rengifo, investigador de la Universidad de California, Berkeley.

"El hecho de que el derecho a la IVE esté en el PND significa que el gobierno ha afirmado su compromiso de hacer cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional al respecto", agregó. Sin embargo, resaltó que todavía queda por ver cómo se traduce ese compromiso en políticas públicas concretas de salud sexual y reproductiva que aseguren la salud, autonomía y consentimiento informado de las mujeres. "Hasta que eso suceda, el impacto de que la garantía del derecho a la IVE esté en el PND será mínimo", concluyó.