Tribunal admitió interceptaciones telefónicas en investigación contra Andrés Rendón
El caso está relacionado con un supuesto detrimento en la construcción de dos CAI de la Policía mientras fue alcalde de Rionegro
15 de septiembre de 2025Contenido
El Tribunal Superior de Bogotá admitió e impartió legalidad a interceptaciones telefónicas ordenadas dentro de la investigación que se adelanta contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por un supuesto detrimento de patrimonio en la construcción de dos CAI de Policía en Rionegro, mientras ejerció como alcalde.
Los antecedentes se remontan al 23 de julio de este año, cuando la delegada fiscal pidió impartir control de legalidad posterior a las órdenes del 14 y 27 de mayo de 2025 y, a su vez, al procedimiento y los resultados obtenidos de las interceptaciones obtenidas.
"Se observó el protocolo de cadena de custodio, así como la línea de tiempo, en los términos de los artículos 228 y 237 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto los informes se presentaron el 23 de julio de 2025, a las 3:00 p.m. y 3:08 p.m., dentro de las doce horas siguientes a la obtención de la información", se lee en la sentencia.
El documento también señaló que la Fiscalía General solicitó la audiencia de preparación el mismo 23 de julio, dentro de las 24 horas siguientes a recibir los informes, en cumplimiento con los principios de legalidad y debido proceso de la actuación preliminar.
En consecuencia de su análisis, impartió "legalidad posterior a las órdenes de interceptación de comunicaciones del 14 y 27 de mayo de 2025, así como al procedimiento y resultados arrojados por estas, en la indagación seguida contra Andrés Julián Rendón Cardona". También advirtió que, sobre su providencia, no procede ningún recurso de apelación.
Este materia telefónico, que corresponde a 71 días de interceptaciones, es clave dentro de la investigación que se adelanta contra Rendón y otras nueve personas, por la posible celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, detrimento patrimonial y violación al régimen de inhabilidades, dentro de la contratación para la construcción de dos CAI en Rionegro, Santander, específicamente en el sector Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Ambos contratos suman $1.269 millones.