Tribunal confirma condena a contratista por corrupción en caso de la Ungrd
El fallo se suma a las decisiones judiciales derivadas del escándalo por la compra de carrotanques para atender a comunidades indígenas de La Guajira
24 de agosto de 2026Contenido
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El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. El procesado deberá cumplir una pena de nueve años, 11 meses y 27 días de prisión.
De acuerdo con la investigación de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Estupiñán Bravo participó en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, a favor de Yapurutú. El contrato, estimado por $29.000 millones, tenía como principal objetivo suministrar más de 40 carrotanques destinados al departamento de La Guajira.
La Fiscalía estableció que el condenado presentó una certificación en la que se aseguraba que los vehículos estaban disponibles y podían ser entregados de manera inmediata, pese a que esa información no correspondía con la realidad. Con base en ese documento, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se tramitaron desembolsos por $25.375 millones, mientras los carrotanques todavía se encontraban en proceso de ensamblaje.
La investigación también identificó sobrecostos por $11.114 millones. De esa suma, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de $4.330 millones, mientras que otros terceros fueron favorecidos con los $6.784 millones restantes.
En el proceso, un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía. Como parte del acuerdo, el condenado se comprometió a entregar información sobre otros posibles responsables, reparar económicamente los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas que hasta la fecha son reconocidas como víctimas.