La Unidad Nacional de Protección, UNP, adeuda $400.000 millones a proveedores de vehículos
La UNP presenta la deuda por el alquiler de 5.000 vehículos. Las empresas proveedoras han considerado la suspensión del servicio
13 de abril de 2026Contenido
La Unidad Nacional de Protección, UNP, enfrenta actualmente una deuda acumulada de aproximadamente $400.000 millones con las empresas proveedoras de vehículos. Esta obligación financiera corresponde al arrendamiento de 5.000 automotores, tanto blindados como convencionales, que forman parte de los esquemas de seguridad activos en el país. El retraso en los pagos se remonta a la vigencia fiscal del año anterior.
A través de comunicaciones internas, funcionarios de la entidad han reconocido ante las firmas contratistas la existencia de este rezago presupuestario. Las empresas arrendadoras han manifestado su preocupación por la falta de recursos para mantener la operación logística. Algunas de estas compañías ya han notificado formalmente su intención de suspender la prestación del servicio si no se normalizan los desembolsos.
Esta situación administrativa genera una vulnerabilidad directa en los esquemas de protección de diversos ciudadanos bajo riesgo comprobado. Entre los usuarios afectados se encuentran exmandatarios, congresistas, magistrados y líderes sociales que dependen de estos vehículos para su movilidad segura. La posible retirada de los automotores por parte de los proveedores dejaría a estas personas sin las medidas de seguridad asignadas por el Estado.
El déficit fiscal ocurre en un momento en que el Gobierno Nacional ha anunciado el fortalecimiento de la seguridad para figuras políticas tras amenazas recientes. No obstante, la viabilidad técnica de estas medidas de protección depende del cumplimiento de los contratos con las empresas privadas de transporte. La falta de liquidez en la UNP compromete la continuidad de estas garantías básicas de seguridad.
Hasta el momento, la entidad no ha definido un cronograma de pagos ni ha aclarado cómo responderá ante el posible retiro masivo de la flota vehicular. El sector de protección permanece a la espera de una solución financiera que evite la desarticulación de los esquemas de vigilancia. La incertidumbre sobre la procedencia de los fondos necesarios para cubrir la deuda persiste entre los contratistas del sector.