Unión Europea respalda derecho al olvido defendido en España
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció hoy que los ciudadanos tienen el derecho a ser “olvidados” en internet, es decir, que podrán reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.
La sentencia marca un antes y un después en la aún poco desarrollada jurisprudencia comunitaria relativa a internet, al reconocer un derecho defendido por la Agencia Española de Protección de Datos pero que Google rechaza al considerarlo próximo a la censura.
La disputa surgió a raíz de la petición del español Mario Costeja González, quien constató que al introducir su nombre en el buscador aparecían dos anuncios sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la seguridad social, sucedido diez años antes y ya resuelto.
Tras dirigirse a la editorial del periódico y a Google sin éxito, Costeja González acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, Aepd, que tras estudiar al caso, exigió al buscador que retirase los enlaces.
Sin embargo, Google España y Google interpusieron recursos ante la audiencia nacional para solicitar la nulidad de la resolución de la Aepd, y la corte española decidió entonces consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de tomar una decisión.
En su sentencia , el Tjue señala que una persona puede pedir que se retiren enlaces a una información porque desea que “se olvide después de un cierto tiempo” y establece que, si se comprueba que ésta incumple los derechos reconocidos en la legislación europea de protección de datos, los vínculos deberán ser eliminados, según un comunicado.
La corte “observa que, con el tiempo, incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede llegar a ser incompatible con la directiva de protección de datos cuando esos datos se revelen inadecuados, no pertinentes o excesivos para los fines que fueron tratados”.
El ciudadano puede dirigirse directamente a Google para pedir que se eliminen los enlaces, dado que son “responsables del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros”, como por ejemplo los periódicos. Si su petición no es escuchada, entonces el afectado podrá recurrir a las autoridades competentes.
La sentencia aclara a nivel comunitario el muy discutido “derecho al olvido”, rechazado por un abogado del Tribunal en sus conclusiones de junio pasado.