Vicepresidencia y Andje solicitaron una inhabilidad de 20 años contra Odebrecht
Las entidades argumentaron que el Estado colombiano no puede ni debe subsanar las graves faltas penales y éticas de la multinacional
19 de noviembre de 2018Contenido
Por medio de un comunicado de prensa de la Vicepresidencia de la República, la entidad, junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le solicitaron la Superintendencia de Sociedades imponer inhabilidad para contratar por 20 años a la firma brasileña Odebrecht y a las sociedades que integran la multinacional.
Sostuvieron que la sociedad Odebrecht "ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública". En razón de ello, Colombia cuenta con instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, para denunciar este tipo de situaciones.
Por su parte, la sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht, propuso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la celebración de un Acuerdo de Reparación Integral "mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado", recordó el comunicado.
Sin embargo, la Vicepresidencia de la República, así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respondieron a esto que lo rechazan "tajantemente" al considerarlo como una solicitud legal y moralmente inaceptable. "No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos", puntualizó el boletín.