La participante de SharkTank acusada de asesinatos por la Fiscalía y con circular roja
Habría huido a Argentina y se presume que se ha desplazado por Brasil, España y Reino Unido, existe una circular roja en su contra
04 de diciembre de 2025Contenido
El pasado 5 de abril, tres menores y un adulto fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, presuntamente por un caso de intoxicación. Hasta ahí nadie imaginó que ese día en la tarde y, posteriormente, el 9 de abril, dos de las niñas fallecerían, Emilia Forero e Inés de Bedout. Las investigaciones preliminares y los dictámenes forenses revelaron que habían sido envenenadas con unas frambuesas contaminadas con talio. Ahora, ocho meses después de lo sucedido, se conoció que la presunta responsable de estos dos homicidios es Zulma Guzmán, una exparticipante de SharkTank.
Esto fue revelado después de que la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputaría cargos por haber coordinado el envío de las frambuesas con un domiciliario y pidió circular roja de Interpol en su contra, pues actualmente se encuentra en Argentina. El ente investigador encontró que, después de lo ocurrido con las dos menores, Guzmán se habría desplazado entre Brasil, España y Reino Unido. Por estas razones, ahora es buscada en más de 90 países.
"Según la Fiscalía las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen emitido por el Institutito Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal", informó La FM.
De acuerdo con el ente investigador, el alimento fue enviado por Zulma Guzmán Castro mediante una empresa de mensajería, con la instrucción de que se trataba de un supuesto regalo, “una afirmación que no era cierta”, según precisó la Fiscalía. Con base en la información recopilada, Zulma Guzmán Castro, señalada de estar directamente vinculada con la intoxicación y posterior fallecimiento de las menores, abandonó el país con destino a Argentina después de conocer el desenlace.
La fiscal encargada del proceso acudió ante un juez penal de control de garantías en Bogotá y obtuvo una orden de captura contra la mujer. La Fiscalía informó que se gestionó la emisión de una notificación roja de Interpol para hacer efectivo el requerimiento, dado que existen indicios de que la señalada se ha desplazado por varios países, entre ellos Brasil, España y el Reino Unido.
¿Quién es Zulma Guzmán?
La mujer, acusada de premeditar el asesinato de las menores con talio es una empresaria colombiana, fundadora y representante legal de CAR B, una plataforma que desde 2016 presta servicio de alquiler de vehículos eléctricos y de gasolina por medio de una aplicación por periodos que van desde un día hasta meses.
Precisamente con esta propuesta, Guzmán participó en SharkTank Colombia en 2020, en donde expuso su modelo de negocio para obtener inversiones, bajo el lema 'El Uber de los carros de alquiler". Al final, de cinco tiburones, la fundadora de CAR B logró el apoyo de dos.
A día de hoy, las redes sociales de la compañía de renta de vehículos permanecen en línea, pero están inactivas desde hace más de 300 semanas, es decir hace casi cinco años. Además de ser la fundadora de CAR B, Guzmán es economista de la Universidad de los Andes, con MBA de la Universidad de Columbia.
¿Qué encontró la Fiscalía?
Sobre las razones por las que se emitió orden de captura contra la empresaria, la Fiscalía confirmó que las dos menores fallecieron envenenadas después de haber comido las frambuesas, luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses analizaron los materiales probatorios y encontraron la presencia de talio, metal tóxico que afecta las células del cuerpo y que, al estar en contacto con una persona, puede causar desde síntomas graves de salud y afectaciones a órganos vitales hasta la muerte.
“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, informó. Según estableció la fiscal delegada en el caso, Guzmán habría estado relacionada con las víctimas porque presuntamente conocía a la familia Bedout.
Tras avanzar en las investigaciones y los nexos entre el domiciliario y el presunto asesino intelectual, el ente investigador encontró que Guzmán estaba directamente relacionada con los hechos y "habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”. A su vez, Medicina Legal confirmó que el metal fue implantado premeditadamente en las frutas, por lo que concluyó que no fue un simple accidente sino un intento de homicidio.
Sobre la expedición de notificación roja, la Fiscalía señaló que se tramitó "para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido".
Sin embargo, este no sería el único proceso legal en el que estaría inmiscuida, pues actualmente Guzmán, como representante legal de CAR B, también aparece implicada en tres procesos judiciales en diferentes tribunales de la ciudad. Dos de estos, habrían iniciado por demandas contra la compañía, en la que se le exigían el cumplimiento de obligaciones financieras.
¿A qué se enfrenta Guzmán?
Fabio Humar, abogado penalista y defensor de la familia Bedout, explicó que la Guzmán se enfrenta a penas que serían de hasta 60 años, pues se le imputarían los delitos de homicidio, por causar la muerte de las dos menores, y tentativa de homicidio, por casi provocar el fallecimiento de la otra menor y el adulto que también fueron víctimas del envenenamiento.
En línea con esto, la Fiscalía explicó que cuenta con todos los elementos probatorios suficientes para imputarle ambos delitos y presentarla ante jueces de control de garantías, después de que logren ubicarla y traerla al país para que responda ante la justicia.