Compensaciones

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Hasta hace algunos años, pensar en que la industria extractiva contribuyera significativamente al PIB y con ello a la economía nacional, era razón suficiente para recibir apoyo irrestricto del país. Hoy la tendencia es a evaluar los beneficios que en varios aspectos pueden recibirse, no solo por la Nación, sino por los territorios, para dar el respaldo a los proyectos. Se cuestiona la necesidad de adelantar las actividades, y se reclama la diversificación de la economía.

Lo cierto es que pocos saben que la industria extractiva no solo paga regalías, sino que tiene un marco regulatorio de compensaciones que pretenden remunerar el agotamiento del recurso y el otorgamiento del derecho a explotarlo, así como los impactos ambientales y sociales que la industria causa con su desarrollo. Esto sin tener en cuenta la carga tributaria de la industria y su impacto en las finanzas públicas. Es por ello, que a pesar de intentar diversificar la economía, también se hacen esfuerzos para promover la inversión en minería e hidrocarburos.

Cabe también anotar que no es solo dinero, que el Estado requiere para sus gastos e inversiones, sino que también hay un aporte muy significativo con planes programas y proyectos sociales y ambientales y con la provisión de materias primas e insumos, a distintos sectores de la economía nacional. La Agencia Nacional de Minería reporta que, por ejemplo, el mayor número de contratos de concesión están dados para materiales de construcción. Cerca de 41% de las áreas están produciendo dichos materiales para la infraestructura del país y los programas de vivienda. De no producirse tales minerales a nivel nacional, se tendrían que importar a unos costos altísimos, que tendrían que ser trasladados al valor de las obras y al costo de la vivienda.

Llama igualmente la atención, que de los 7.935 títulos mineros solo 2,35% están en producción y a pesar de ello, se puede contribuir con 2,1% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Desafortunadamente no es claro el aporte al PIB regional, ya que solo algunos de los departamentos con alta vocación minera, hacen este tipo de análisis. Sin embargo, y volviendo al impacto de las compensaciones, cabe anotar que los contratos correspondientes a los proyectos más grandes y significativos, o Proyectos de Interés Nacional estratégico, aportan sumas muy importantes en contraprestaciones económicas adicionales a la regalía, inversiones en gestión social destinadas a las comunidades, muchas de ellas atadas a porcentajes de la utilidad percibida, y tienen compromisos de inversión en investigación del subsuelo, tecnología y construcción de infraestructura que luego será revertida en forma gratuita al Estado. Desde la perspectiva ambiental, igualmente se tiene todo un programa de compensaciones ambientales por pérdida de la biodiversidad, que implica mantener la capacidad de renovabilidad de los ecosistemas y en muchos casos contribuir de manera significativa a su restauración, ya que se encuentran deteriorados incluso por actividades antrópicas distintas a las de las industrias minera y petrolera. No sobra tampoco mencionar que se hacen importantes estudios sobre el estado de los recursos naturales renovables y de los servicios ambientales que prestan, siendo esta información muy valiosa para el Estado en épocas de cambio climático.

Por tanto, hay que ser más rigurosos en el análisis de los aportes que hacen las industrias minera y petrolera para determinar el balance de costo-beneficio para el país y las regiones. No puede limitarse a algunas variables y pensar que a partir de otras actividades económicas de lento crecimiento, vamos a reemplazar estos ingresos y estos beneficios con que hoy se cuenta para el bienestar de los colombianos.