Conflictos socioambientales en la industria minero-energética

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Entrar a considerar que los conflictos socioambientales en la industria minero-energética provienen exclusivamente de qué hacen y cómo lo hacen las empresas de este sector, es tener un diagnóstico limitado. También lo es sugerir que sean éstas quienes los resuelvan solas, a través de obtener una “licencia social”. Tampoco es una solución que el Estado cree empresas públicas, creyendo que lo podrá hacer mejor, que el sector privado.

Es evidente que una pésima o inexistente planeación, sumada a una proliferación normativa incoherente y desarticulada, han puesto a las empresas y comunidades en situaciones de confrontación, sin desconocer la responsabilidad individual en cada caso.

Las actividades de la industria minero-energética están asociadas a la utilidad pública y la prestación de servicios públicos, lo que hace que sean de importancia e interés general. Se entiende que las comunidades también tienen derecho a ser escuchadas, pero a veces, la situación se vuelve crítica, el conflicto surge y la balanza pierde su equilibrio, sin que surjan soluciones rápidas y prácticas. Un reciente ejemplo ha sido la suspensión del trabajo exploratorio en el pozo Uchuva 2, por orden de un juez. La pregunta obvia es cómo evitar que estas cosas sigan sucediendo. Colombia necesita gas, y no podemos retrasar los cronogramas para su búsqueda y extracción.

Lo primero sería que el Estado reconociera que tiene responsabilidad en estas situaciones y que puede implementar soluciones para su pronta solución.

Como es bien sabido, los recursos del subsuelo sólo pueden ser aprovechados si es posible posarse temporalmente en el suelo. Por tanto, los distintos ordenamientos y usos del suelo que defina el municipio no pueden ignorar esa necesidad. La industria minero-energética, hace parte de la ruralidad del país. Por eso, partiendo de una adecuada armonización de la regulación, y un ejercicio técnico y no político de las funciones públicas asociadas, tal vez sea posible lograr la coexistencia de distintas actividades.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, hasta el año 2023, el 80% de los municipios del país, no han actualizado sus instrumentos de ordenamiento territorial y, en muchos casos, tienen más de 20 años de vigencia. No prever en la ley, ni en los instrumentos de ordenamiento territorial, la existencia de la industria minero-energética es una muy importante omisión, que podría ser corregida para implementarla en las actualizaciones pendientes de tales instrumentos.

Algo similar ocurre con el ordenamiento ambiental, que no incluye a los recursos naturales no renovables, como algo relevante para evaluar. Es por ello que, posteriormente, la opción que se propone es declarar zonas de reserva para evitar la realización de estas actividades. Atizan el problema los activistas al crear dilemas como agua o minería. Si se hiciera la tarea, tendríamos unos marcos normativos coherentes en temas tales como: ordenamiento territorial, ambiental, derecho agrario, urbanístico, marco jurídico para la paz, en su componente territorial, y las normatividades minera, petrolera y energética. Así mismo, se aplicarían de manera eficaz los principios de coordinación y concurrencia entre el Estado nacional y los entes territoriales, para que las políticas públicas fueran armónicas, y los planes de desarrollo nacional, regional y local, se hablaran entre sí. En cuanto a las comunidades, por supuesto que es necesario abrirles espacios de diálogo, pero también enseñarles cómo se tiene una participación ciudadana efectiva, para eliminar las vías de hecho y la excesiva litigiosidad. Llevamos décadas resolviendo nuestras diferencias de manera inadecuada y seguimos haciéndolo, por encima de bien común. Urge un reentrenamiento en el ejercicio de los derechos ciudadanos y una concientización de los deberes que los acompañan, de manera que lo que sea prioritario, sea lo mejor para el país.