Minerías sin autorizaciones, un enfoque a la ilegalidad de la extracción

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Cerrando el 2024 la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el crecimiento desmedido de la ilegalidad en la minería. Indicó que en 29 de los 32 departamentos del país, hay actividad minera sin autorizaciones y, en la mayoría de los casos, teniendo como responsables a grupos ilegales. Las graves afectaciones ambientales son el común denominador, y ya tenemos 70.000 hectáreas contaminadas con mercurio. Hay ese tipo de minería, en 50% de los municipios de Colombia, y lo que más se explota es oro.

Señala finalmente el ente de control, que el Estado enfrenta graves deficiencias para combatir ese fenómeno.

Mientras tanto, la minería formal, empresarial, que cumple con las normas y provee de insumos a la industria, es objeto de toda clase de ataques y medidas. Por eso no extraña cuando se oye a personas decir: “será volverme ilegal”.

Se escucha también al gobierno decir que la normatividad actual es excluyente y que su propuesta de nueva Ley de minas va a cobijar a todos los actores de la industria, para así detener la ilegalidad. Nada más equivocado e ingenuo. Las normas vigentes no excluyen a nadie, lo que sí están haciendo es dificultar a tal punto cumplirlas, que se hace casi imposible y desincentiva querer ser legal. Lo anterior sumado a los altos costos de estudios y a los tiempos que tardan las autoridades en pronunciarse, hace ser legal una verdadera odisea.

Las restricciones de tipo ambiental y, a partir de ahora, las que vendrán como resultado de las determinantes para el uso de suelo, que se incluyeron en el artículo 35 de Ley del Plan de este gobierno, harán que la ilegalidad crezca más. Llama la atención en este punto que a través de leyes, decretos y resoluciones se quiere, desde el Estado, definir qué debe hacer la gente para vivir. Sin embargo, la realidad no es esa y los precios del oro seguirá impulsando que la explotación ilegal continúe en el territorio. No importa cuantas reservas sigan declarando, tanto por asuntos ambientales o para la producción de alimentos. Las poblaciones seguirán explotando oro, por voluntad propia o por incitación de los grupos ilegales.

Lo que sí se puede terminar, es la minería formal y empresarial, que trae inversión, paga impuestos y regalías, porque tiene al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidiendo resoluciones a diestra y siniestra, declarando reservas ambientales y al Ministerio de Agricultura declarando Áreas de Protección para la producción de alimentos – Appa, que generan incompatibilidad. Luego vendrán los otros ministerios que, autorizados por el artículo 32 de la Ley del Plan, podrán a su vez implementar sus restricciones y prohibiciones a la minería a través de decretos y resoluciones.

Entonces, mientras se está logrando con eficiencia restringir y prohibir la minería formal y empresarial en el territorio, el Estado no logra controlar la minería sin autorizaciones e ilegal. No lo logra porque se considera que es un tema de la fiscalía. Ningún ministerio, agencia, autoridad ambiental o autoridad local, considera que la extracción ilícita sea de su competencia. Para ellos no existe esa actividad, así la Procuraduría lo denuncie a gritos. Ahí no hay consideración respecto de la inclusión de todos los actores del sector, para diseñar políticas ni para aplicar las normas.

Ya el Congreso de la República expidió la Ley 2250 de 2022, como herramienta para poder implementar la política de legalización y formalización minera y sigue fracasando. Es entendible. Qué interés pueden tener esas comunidades de legalizarse si van a ser objeto de toda clase de ataques y medidas, y tendrán que sufragar altos costos en estudios, esperar años, dizque sin trabajar, mientras las autoridades tienen el tiempo para resolver sus peticiones de autorizaciones. Por ahora, la ilegalidad paga y la legalidad no se promueve. No es un tema sólo de normas. Ojalá lo entiendan quienes tienen a cargo la administración de los recursos naturales renovables y no renovables, en el país.