Las nuevas modalidades de lavado de activos que enfrentan las empresas de transporte y logística
29 de octubre de 2026Contenido
En el marco del Día Internacional de la Prevención contra el Lavado de Activos, vale la pena preguntarse si las empresas están preparadas para enfrentar los riesgos que plantean las nuevas tipologías de lavado. Hoy, las organizaciones criminales ya no dependen exclusivamente del sistema financiero para mover recursos ilícitos; aprovechan cadenas logísticas, operaciones de comercio exterior y estructuras empresariales aparentemente legítimas para transferir valor y ocultar su origen. En este escenario, las compañías de transporte y logística ocupan una posición estratégica: además de facilitar el comercio, son un actor clave en la identificación y mitigación de riesgos LA/FT. Por ello, fortalecer los controles, la debida diligencia y el monitoreo de las operaciones se ha convertido en una necesidad de negocio tan relevante como el cumplimiento regulatorio.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lleva años advirtiendo que el movimiento físico de mercancías es una de las principales vías para ocultar el origen de recursos ilícitos, junto con el sistema financiero y el transporte de efectivo. La práctica consiste en manipular el valor, la cantidad o la calidad de los bienes importados o exportados. Sin embargo, lo que antes era una alerta regulatoria hoy se traduce en acciones concretas por parte de las autoridades.
El 30 de junio de 2026, la autoridad antilavado de Estados Unidos (FinCEN) emitió una alerta sobre el contrabando de combustible hacia México, una actividad en la que participan cada vez más los carteles y sus huachicoleros. El Departamento del Tesoro calificó estas conductas como esquemas de lavado basado en comercio y, ese mismo día, sancionó a personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación que operaban mediante documentos aduaneros falsificados y empresas fachada. Ese mismo año, la UNODC y el Banco Mundial publicaron una herramienta para medir este riesgo, incorporando variables relacionadas con los modos de transporte, el movimiento de contenedores y la exposición de las zonas francas.
Colombia no es ajena a esta realidad. En agosto de 2026, la UIAF anunció 36 nuevas tipologías del Lavado de Activos, con un énfasis particular en operaciones de comercio exterior e hidrocarburos. De igual forma, el Gafilat documentó casos en la región en los que empresas de los sectores comercial, transporte y exportación fueron utilizadas para mezclar recursos de origen ilícito con fondos legítimos.
¿Qué implica esto para las empresas? Que ya no son vistas únicamente como posibles víctimas, sino también como vehículos potenciales para facilitar esquemas de lavado de activos. El propio Gafi ha señalado que quienes intervienen en las operaciones comerciales cuentan con acceso a información y documentación que puede revelar señales de alerta. Y aquello que puede identificarse, eventualmente se espera que sea detectado.
Los riesgos son reales. En el ámbito penal, administradores y directivos pueden verse expuestos a investigaciones por delitos relacionados con lavado de activos, contrabando o favorecimiento. En el ámbito patrimonial, bienes y recursos pueden quedar comprometidos en procesos de extinción de dominio. Y cuando existen vínculos con Estados Unidos, las consecuencias pueden extenderse a sanciones económicas, restricciones operativas y la pérdida de relaciones comerciales.
Frente a este panorama, los programas de cumplimiento deben evolucionar. Los controles tradicionales, centrados en el conocimiento del cliente y la verificación de listas restrictivas, siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes cuando el riesgo se materializa en la propia operación. Hoy resulta indispensable adoptar una visión más amplia, capaz de identificar inconsistencias en transacciones, documentación, volúmenes, precios o estructuras comerciales que carezcan de justificación económica. Ante este panorama, el cumplimiento deja de ser un requisito regulatorio para convertirse en una herramienta estratégica de protección del negocio, de sus directivos y de sus activos.
En Brigard Urrutia acompañamos a las empresas en la identificación y gestión de estos riesgos, la conducción de investigaciones internas y la representación en procesos penales y de extinción de dominio.