La verdad como eje de la reforma tributaria
15 de octubre de 2026Contenido
En vísperas de una nueva reforma tributaria que busca ser estructural, ¿qué norte se debe seguir para navegar un nuevo intento de crear recaudo sin ahuyentar la inversión y evitar incertidumbre? Esta última parece ser parte del inevitable paradigma que junto a la emergencia social y económica enfrenta nuestro país.
El actual Gobierno ha planteado la búsqueda de información verificable como punto de partida en diversos frentes. Comenzó con el Libro de la Verdad en el empalme de administraciones y continúa con los ejercicios de auditoría anunciados en distintas carteras. Al hablar de verdad, en este contexto, hablamos de datos comprobados, esto es, información cierta.
La incertidumbre tiene un protagonismo actual porque el mundo, incluyendo el tributario, busca incorporar la IA como una herramienta estratégica para resolver los problemas de recaudo, evasión, déficit fiscal y otros grandes retos que existen. La incertidumbre representa uno de los principales desafíos tanto para el sistema fiscal como para la IA.
El fisco, así como la IA, no puede actuar de manera eficiente o correcta sin información veraz. El riesgo de las alucinaciones - situaciones donde se llenan los espacios en blanco con suposiciones o interpretaciones a partir de información que usa o, en el peor caso, que se inventa- es real.
Para poder plantear la reforma tributaria hay que entender los hechos subyacentes que sirven para delimitar el recaudo, cuánto hay, si es correcto y cuánto más se debe y se puede recaudar. Esta reforma necesita crear herramientas para mejorar y/o incrementar el recaudo.
El Gobierno plantea un presupuesto de más de 600 billones de pesos y eso supone que el sistema tributario debe cambiar, simplificarse, profundizar en las estructuras que generan más recaudo, facilitar el control y el cumplimiento a partir de información real.
La búsqueda de la verdad es hoy tendencia mundial. La NIIF 18 (IFRS 18), una regla de naturaleza contable mueve a las compañías a revelar información de negocio y presentar estados financieros con una disección basada en criterios encaminados a dar visibilidad sobre dichos negocios, las premisas que la gerencia usa y la manera en que se comportan y se valoran. Las directrices de la Ocde para multinacionales y administraciones tributarias y las guías del marco del impuesto mínimo global demandan probar hechos.
Las decisiones recientes de las cortes fiscales en el mundo siguen la premisa donde la prueba (no la interpretación) soporta los hechos que sirven de base a la postura fiscal. Esta misma tendencia la encontramos en decisiones recientes del Consejo de Estado en materia tributaria–pruebas para demostrar que un pago es real, que el contrato de venta, préstamo o mandato es en efecto tal cosa y no un espejismo para cubrir o enrarecer la realidad.
Si vemos este patrón donde se busca claridad de los hechos a través de la prueba, obtenemos una mirada al interior de lo que es una reforma tributaria estructural: tributos basados en la capacidad de pagarlos derivada de los hechos que muestra un negocio de forma transparente y que serán conocidos por inversores, autoridades y, usando el término moderno, stakeholders.
En los pasillos de las facultades de derecho, en primer año, se alude a la premisa: «dame los hechos y te daré el derecho». En lo que avanza la carrera del jurista esa premisa varía a la frase acotada inicialmente por Carnelutti y exaltada por los profesores Parra Quijano y Devis Echandía «Dame la prueba y te daré el derecho».
De cara a la inminente reforma tributaria, cobra especial relevancia contar con las pruebas que soportan las posturas tomadas en materia fiscal. Esto no es un favorecimiento de la forma sobre la sustancia, todo lo contrario. Para quien analiza una situación fiscalmente relevante resulta indispensable confirmar que los hechos que supone la aplicación del tributo están debidamente soportados, máxime cuando la IA y los modelos de recopilación de información y analítica ya contarán con ella, quizá en tiempo real.
La reforma enfrentará el reto de alinear los objetivos fiscales de recaudo, la capacidad contributiva de quienes ya pagan una carga importante y el nuevo conocimiento que adquirirá la autoridad a partir de las revelaciones que los marcos contable-financieros tendrán y lo que la IA entregue con base en el mar de información que recibe de declaraciones, bancos, asesores, auditores, otros países y la gestión fiscal.
Resta entender cómo esta información será utilizada para combatir la evasión, lo que supone poder contar con la responsabilidad y protagonismo de otros actores -asesores, auditores, empresarios y demás dueños de las pruebas que soportan los hechos-.
La reforma tributaria estructural demanda que las autoridades focalicen sus esfuerzos de manera correcta a partir de información confiable; requiere que haya una corresponsabilidad fiscal y patrimonial de los actores que protagonizan el mercado; debe premiar la correcta aplicación de los impuestos, que ojalá se conviertan en pocos y sin que se persigan bases globales absolutas en sacrificio de la equidad; debe evitar imponer cargas adicionales a las empresas y personas que ya contribuyen adecuadamente al Estado, alejándose de los procesos de fiscalización sin fundamento probatorio suficiente que desgastan al sistema fiscal, a las cortes y con ello al país.
El principio de solidaridad constitucional del que parte el sistema fiscal supone el deber de contribuir. Aunque suene aspiracional, es deber de la reforma mejorar la estructura fiscal para que el pago de los tributos sea justo. Esa justicia se alcanzará cuando la verdad sea la base de su determinación. «Y la verdad, apreciado lector, debe probarse».