En el camino hacia la profesionalización de intermediarios
28 de octubre de 2025Contenido
La necesidad es clara: en un país donde cerca de la mitad de los hogares vive en arrendamiento u opera negocios bajo esquemas de tenencia, la intermediación inmobiliaria tiene un papel protagónico. Desde la visión más “romántica”, el intermediario acompaña a las familias en la toma de la decisión que construye hogares, pero desde la visión económica, es quien orienta una de las decisiones patrimoniales más importantes de la vida adulta y empresarial, que puede hacer realidad sueños o convertirlos en pesadilla.
En nuestra práctica legal, hemos encontrado situaciones en las que la correcta dirección de un agente inmobiliario habría evitado conflictos e incumplimientos. Por eso, urge profesionalizar la intermediación inmobiliaria, para que la promesa de hogar o de empresa no dependa del azar, sino de estándares de idoneidad y la prevención real de riesgos.
La evidencia está sobre la mesa. La informalidad contractual y la falta de rigor legal siguen siendo comunes en esquemas de arrendamiento de vivienda y comercio, y la información fraccionada e imprecisa persisten. Esto evidencia una asesoría de dudosa calidad que, a pesar de su alta remuneración según la costumbre mercantil, genera riesgos para desarrolladores y propietarios de inmuebles por la carente formación en materias básicas que deberían ser garantizadas en el ejercicio profesional de los agentes.
La combinación de masividad e informalidad es terreno fértil para litigios y la comisión de delitos como la estafa (inmobiliaria y no inmobiliaria) que, tan solo en Medellín, ha presentado un incremento sostenido cada año desde 2019, con un crecimiento total cercano al 175%.
Aun así, Colombia (que dobla el promedio latinoamericano en arrendamientos de vivienda), se ha quedado atrás en la formalización del intermediario, cuyos proyectos de ley no han contado con suerte en el Congreso. En la última década países como México, Perú y Uruguay han implementado políticas que buscan abordar estas problemáticas; mientras Brasil las prevé desde 1978, lo cual sitúa a Colombia en una situación incómoda —por no llamarla vergonzosa— frente a sus vecinos.
En nuestro concepto, profesionalizar no es burocratizar el servicio, es garantizar su calidad para obtener una visión integral que evite dolores de cabeza a quienes participan en la actividad inmobiliaria.
¿Cómo? No estamos solos ni inventando la rueda. El comparado regional es consistente con iniciativas como: (i) la habilitación previa de intermediarios con requisitos de idoneidad y educación; (ii) la creación de un registro público de intermediarios; (iii) la implementación de estándares de información en salas de venta con manuales de información y coherencia terminológica; (iv) la exigencia de cumplimiento LA/FT real, que incluya validación de identidad y origen de fondos; y, claro, (v) un régimen sancionatorio proporcional y coordinado que permita generar una transición razonable hacia la formalización.
En Colombia hemos tenido intentos sucesivos de ordenar la casa sin éxito. Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley que, a pesar de no contar con todos los elementos de auditoría implementados en los países vecinos, busca sentar los primeros pasos hacia la profesionalización y la seguridad jurídica. Los edificios no se construyen de un día para otro, sino ladrillo a ladrillo; y mientras construimos este edificio, el llamado a los agentes es a la calidad y la claridad, a asesorar con propósito y responsabilidad profesional.