Los recursos para el posconflicto están embolatados

La principal inquietud está relacionada con el financiamiento del posconflicto. Éste, según los analistas económicos, requiere recursos en dos vías. Aquellos asignados a la reparación de víctimas, al proceso de reinserción y a la justicia transicional; y otros para la reconstrucción de la infraestructura física. Tarea difícil es estimar el costo del posconflicto, pues desconocemos la magnitud real de su impacto y el tiempo que requiere el proceso completo.

 Sin embargo, hay estimaciones como la de Juan Camilo Restrepo que calcula el gasto en posconflicto rural entre $80 billones y $100 billones; Fedesarrollo, por su parte, habla de $80 billones; el Presidente Santos anunció que solo en reparación, se requieren $54 billones; y el Bank of América lo proyecta el gasto total en $187 billones. Estas cifras surgen bajo el supuesto de que el posconflicto durará 10 años. Pero ¿cuenta el gobierno con los recursos necesarios para cubrir este gasto? 

Según el informe que presentó la Comisión de Estudio del Sistema Tributario a mediados de año, los recursos adicionales que el Gobierno necesita para 2018 son de 1,5% del PIB, llegando a 3,3% para 2020. Estos cálculos no incluyen el gasto de posconflicto. La situación se complica cuando el mismo documento revela la problemática del sistema tributario actual. Encuentra falencias en tres aspectos: baja capacidad de generación de ingresos tributarios con un recaudo actual de 20%, mientras que debería ser de 24%; deficiencia en la progresividad del sistema, puesto que la política fiscal en Colombia tiene un efecto nulo sobre la redistribución del ingreso; y la carga impositiva es desbalanceada, afectando en mayor proporción a las empresas. Así las cosas la reforma tributaria estructural es necesaria pero también se requiere que sea eficiente y progresiva para lograr los objetivos.

 Este análisis también permite ver con claridad que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para financiar el posconflicto. Además de llevar a cabo esta reforma, tendrá que acudir a préstamos multilaterales y cooperación internacional, lo cual no será nada fácil. Por un lado, debido a la situación económica mundial, estos préstamos tendrán un alto costo para el país; y por el otro, según la Revista Semana, la estimación de los recursos que podría recibir a través de cooperación internacional, no llegarían a cubrir 5% del costo total.

La coyuntura económica a la que se enfrenta Colombia no es favorable. La caída de precios de los commodities, la devaluación de la moneda, la alta informalidad en el mercado laboral y el entorno internacional inestable, deja con un fuerte sin sabor con relación a lo que tienen que enfrentar económicamente los colombianos en el corto plazo.

En conclusión, todos tendremos que aportar para lograr “la paz en nuestra tierra querida”. Y aunque nunca habrá consenso, valdrá la pena meterse la mano al bolsillo para contribuir al financiamiento del posconflicto. Y pese a que los colombianos en general, no somos conscientes de la magnitud del perjuicio que causa la guerra, no solo a nivel económico sino en el bienestar general de la población, asumo que la gran mayoría podremos ayudar económicamente, siempre y cuando se garantice transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.