Nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción

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A propósito de la reciente expedición de la Ley 2195 de 2022, sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, nos viene bien enfocar los reflectores hacia las nuevas tecnologías como herramientas para prevenir y sancionar estas prácticas. Algunos indicadores muestran la urgencia de la toma de medidas y acciones para cerrar filas en torno a la corrupción, una tarea que compete a todos: sector público y privado y a la ciudadanía en general. En efecto, se estima que el país pierde al año cerca de $50 billones por actos de corrupción, y en el índice de percepción de corrupción, Colombia ocupa el puesto 87 entre 180 países, con una calificación de 39/100.

Al respecto, podemos resaltar el papel fundamental que las nuevas tecnologías pueden jugar en el propósito advertido y, por tanto, plantearnos algunas preguntas: ¿Qué tecnologías y aplicaciones hay disponibles en el mercado? ¿Qué proyectos y programas se encuentran en curso? ¿Qué ventajas nos ofrecen las nuevas tecnologías?

Tecnologías y aplicaciones disponibles

El desarrollo tecnológico logrado hasta este momento muestra un panorama alentador y prometedor, dado que es posible encontrar en el mercado una variada gama de tecnologías y desarrollos; justamente, con base en inteligencia artificial (IA), blockchain y analítica de datos se han desarrollado aplicaciones que permiten capturar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos, lo cual resulta útil frente a estructuras criminales trasnacionales cada vez más complejas y sofisticadas.

Para el cumplimiento de las obligaciones y deberes a cargo de las personas jurídicas privadas en materia de prevención y lucha contra la corrupción, hay múltiples herramientas tecnológicas de compliance, gestión de información y control de procesos, las cuales incorporan IA y analítica de datos, con lo cual, es posible detectar patrones y variaciones en los mismos, y elaborar análisis predictivos, funcionalidades que facilitan las tareas de prevención y detección de actos de corrupción y, con ello, la adopción oportuna de medidas. Las aplicaciones con base en blockchain también resultan eficaces, dado que mediante sistemas de bases de datos distribuidas se pueden llevar a cabo registros de transacciones y otras actuaciones, así como el seguimiento a cualquier variación, con un alto estándar de seguridad.

Proyectos, planes piloto y programas

El Estado es uno de los actores fundamentales en la lucha contra la corrupción, y dentro de este se han asignado funciones específicas a entidades estatales que integran las diferentes ramas del poder público para adelantar los procesos de investigación y judicialización de personas naturales, así como los procedimientos administrativos de sanción de las personas jurídicas por actos de corrupción. Para el cabal cumplimiento de estas funciones, se han diseñado e implementado variados programas y proyectos.

El “Fiscal Watson” es un software usado en las labores de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, capaz de revisar millones de registros y hacer asociaciones en minutos gracias a la consolidación de información y el uso de IA, procesos que se venían ejecutando de forma manual con un alto costo de tiempo y otros recursos. Por su parte, en la Contraloría General de la República se creó una unidad especializada, que ha implementado herramientas con base en IA, machine learning y analítica de datos para la ejecución de las actividades a cargo de este ente de control.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”)[1] también ha dado un salto tecnológico importante en los últimos años, a través de la puesta en marcha de la factura y nómina electrónica, y la implementación de desarrollos cuyo fin es detectar evasiones fiscales y operaciones aduaneras irregulares. Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) también ha implementado desarrollos con incorporación de analítica de datos e IA, así como plataformas para reportes en línea.

También es relevante destacar las iniciativas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que incluye plataformas para la participación ciudadana, que facilitan el control de procesos de contratación pública y la presentación de denuncias de actos de corrupción, como el Portal Anticorrupción Colombia (“PACO”)[2], y estrategias de coordinación entre las diferentes entidades del Estado, cuyo exponente es La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (“RITA”)[3], a través de la cual se generan sinergias entre las entidades, así como canales de comunicación directa con los ciudadanos.

Debe señalarse que la apuesta por la transformación digital del sector justicia también significa un gran paso en el camino hacia la lucha contra la corrupción, así como los proyectos y programas de digitalización en la administración pública, ejemplo de ello es la firma, a mediados del año pasado, de un convenio entre el Estado Colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”)[4] para la implementación de planes piloto de desarrollos tecnológicos en el sector público que incorporen blockchain, herramienta clave para la lucha contra la corrupción.

A manera de conclusión

La adopción de herramientas tecnológicas en los procesos internos y externos de las personas jurídicas del sector privado les permitirá gestionar de forma más eficiente los riesgos y responsabilidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, en cuyo propósito resulta deseable la aceleración de sus programas de transformación digital, en particular con la adopción de tecnologías y aplicaciones que faciliten el control y prevención de este tipo de actos.

Por su parte, las entidades estatales en general, y aquellas con funciones específicas en los procesos de investigación de delitos asociados a la corrupción y los consecuentes procedimientos de sanciones administrativas a las personas jurídicas involucradas, tienen en las nuevas tecnologías un aliado estratégico, una herramienta poderosa para el desarrollo de su papel en esta lucha, para lo cual, requerirá la destinación de presupuesto específico, no solamente para la adquisición o desarrollo de software, sino también para la capacitación de los servidores públicos en el uso de estas herramientas.

Los ciudadanos cuentan con los diferentes mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, los canales, tradicionales como digitales, diseñados por las diferentes entidades estatales para denunciar este tipo de conductas. Una mayor pedagogía es necesaria para potenciar el uso de estas herramientas, así como el cambio cultural que cierre las posibilidades a toda forma de corrupción.

Finalmente, los emprendedores del LegalTech y/o RegTech, tienen en este campo un mar de oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y servicios que contribuyan a la lucha contra la corrupción, en cuyo propósito el trabajo interdisciplinario es fundamental, donde se incluyen expertos en las normas jurídicas de anticorrupción, desarrolladores y diseñadores, entre otros profesionales.