Jünger Habermas, una remembranza a propósito del conflicto político y la legitimidad del Derecho
11 de abril de 2026Contenido
La reciente muerte de Jürgen Habermas (1929–2026), ocurrida el 14 de marzo del presente año, evocó mi primer acercamiento a la teoría del derecho durante el curso de Introducción al Derecho, en el inicio de mi formación como abogado. Fue entonces cuando conocí su pensamiento a través de la obra del maestro García Amado, en el marco del seminario alemán, escenario académico desde el cual abordamos los conflictos sociales que han caracterizado la realidad de nuestro país a finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Desde la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa, y en particular desde la tensión entre facticidad y validez, Habermas propone comprender el derecho como una construcción dialógica de la sociedad. Como lo señala Villar Borda en la presentación de la obra La filosofía del derecho de Habermas y Luhmann (García Amado, 1997), se trata de una teoría de la sociedad que articula el derecho, la sociología jurídica, la historia y la teoría social, bajo un enfoque pluralista que humaniza la construcción del Estado constitucional.
En este marco teórico, la realidad política contemporánea —tanto en el ámbito internacional como nacional— puede interpretarse como una manifestación de la crisis de la razón. Esta crisis no solo se expresa en la negación de la condición humana, sino también en la ausencia de diálogo como presupuesto racional de la democracia. La persistencia de conflictos armados, la violencia estructural y la fragilidad institucional evidencian tensiones profundas entre la dimensión fáctica del derecho y su pretensión de validez.
Habermas, como uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt, sostiene que la legitimidad del derecho no se agota en su existencia formal, sino que depende de su aceptación racional por parte de los destinatarios, quienes deben poder reconocerse, simultáneamente, como autores de las normas. En este sentido, la validez del derecho se fundamenta en procesos de deliberación y consenso mediados por la acción comunicativa.
Sin embargo, la realidad contemporánea plantea un interrogante inevitable: si el derecho encuentra su legitimidad en el discurso racional, ¿cómo explicar la persistencia de fenómenos como la guerra, el genocidio y la violencia sistemática? ¿No constituye esto una evidencia de la ruptura entre la facticidad del derecho y su pretensión de validez?
Más que afirmar la ilegitimidad absoluta del derecho, lo que se evidencia es una tensión estructural entre su dimensión normativa y su realización práctica. En el ámbito internacional, a pesar de la existencia de un orden jurídico orientado a la paz y la protección de los derechos humanos, las dinámicas de poder político continúan desbordando los límites racionales del derecho, afectando la autonomía de los pueblos y la dignidad de las personas.
En el contexto nacional, esta tensión adquiere características particulares. La sociedad colombiana, marcada por profundas desigualdades estructurales, enfrenta una brecha significativa entre el discurso jurídico del Estado Social de Derecho y las condiciones materiales de existencia de amplios sectores de la población. Esta brecha no solo refleja una tensión entre facticidad y validez, sino que, en muchos casos, evidencia una ruptura en los fundamentos mismos del orden constitucional.
En este sentido, la crisis actual no puede entenderse únicamente como una crisis del derecho, sino como una crisis de la racionalidad comunicativa que sustenta la vida democrática. La ausencia de diálogo genuino, el debilitamiento del pluralismo y la instrumentalización del lenguaje político comprometen la posibilidad de construir consensos racionales, afectando directamente la validez del orden jurídico.
Rememorar y reivindicar el pensamiento de Habermas en este contexto no implica un ejercicio meramente académico, sino un llamado a recuperar las condiciones de posibilidad de la democracia. La centralidad del diálogo racional, el reconocimiento del otro y la construcción de consensos deben ser reafirmados como principios fundamentales para la legitimidad del derecho y la convivencia social.
Solo a través del fortalecimiento de la acción comunicativa será posible reconstruir la legitimidad del derecho y preservar las condiciones de una sociedad democrática orientada al bienestar y la dignidad humana.