Panorama de los cambios laborales en Colombia y sus efectos para las empresas en 2026
23 de enero de 2026Contenido
El cierre de 2025 y el inicio de 2026 marcan un punto de inflexión relevante para el entorno empresarial en Colombia, particularmente en materia laboral. Diversas decisiones normativas adoptadas en los últimos meses configuran un nuevo escenario que las empresas deberán comprender y gestionar de manera integral, considerando tanto sus obligaciones legales como los impactos económicos y operativos asociados.
El mercado laboral colombiano enfrenta en 2026 un conjunto de cambios que no deben analizarse de forma aislada. Entre ellos se destacan el incremento del salario mínimo, los ajustes en la jornada laboral, la modificación de recargos por trabajo nocturno y en días de descanso obligatorio, así como nuevas reglas aplicables a contratos especiales y beneficios asociados al salario. En conjunto, estas medidas redefinen la estructura de costos laborales y requieren una revisión cuidadosa de los modelos de contratación y compensación.
Uno de los principales ajustes corresponde al aumento del salario mínimo legal mensual para 2026, fijado en $1.750.905, al que se suma el auxilio de transporte por $249.095. En términos prácticos, esto implica que un empleador debe asumir un costo mensual cercano a los $2.000.000 por trabajador que devengue el salario mínimo y labore jornada completa. Este incremento, el más alto registrado en las últimas décadas, ha sido planteado como una herramienta para mejorar el ingreso real de los trabajadores.
Desde el punto de vista normativo, el salario mínimo constituye la base sobre la cual se calculan múltiples obligaciones laborales: prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, recargos por trabajo suplementario, vacaciones e indemnizaciones. Por ello, su ajuste tiene un efecto multiplicador sobre la nómina total, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
A este cambio se suma la reducción gradual de la jornada laboral prevista en la Ley 2101 de 2021, que establece un máximo de 42 horas semanales en 2026, sin reducción salarial. Este ajuste normativo incrementa el costo por hora trabajada y exige a las empresas revisar sus esquemas de turnos, productividad y organización del trabajo para garantizar el cumplimiento de la jornada legal.
Asimismo, las modificaciones recientes en materia de recargos laborales introducen nuevas variables en la gestión del tiempo de trabajo. Desde finales de 2025, la jornada nocturna inicia a las 7:00 p. m., con un recargo del 35 % sobre la hora ordinaria. Cuando estas horas coinciden con trabajo en días de descanso obligatorio, los recargos pueden superar el 100 % del valor base. Estos cambios inciden de manera particular en sectores como comercio, hotelería, turismo, restaurantes, vigilancia y servicios continuos.
Adicionalmente, se han producido ajustes relevantes en otras figuras laborales, como los contratos de aprendices en fase práctica y los esquemas de formación dual, así como en los umbrales salariales que determinan el acceso a beneficios como dotación y auxilio de transporte. Estos cambios amplían el universo de trabajadores que generan costos adicionales para el empleador y requieren una actualización detallada de las políticas internas de recursos humanos.
En paralelo a estas transformaciones normativas, los indicadores de productividad laboral han mostrado un comportamiento moderado, con señales de estancamiento en algunos periodos. Desde una perspectiva técnica, la relación entre salario, productividad y sostenibilidad empresarial resulta clave para evaluar los efectos de largo plazo de las políticas laborales, especialmente en un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95 % del tejido empresarial y concentran una proporción significativa del empleo formal.
En este contexto, las empresas enfrentan el desafío de absorber mayores costos laborales en un entorno económico que exige eficiencia, formalización y competitividad. El salario mínimo, además, cumple una función de referencia para otras escalas salariales y contratos, lo que puede generar ajustes transversales en la estructura de remuneración, incluso para trabajadores que devengan ingresos superiores al mínimo legal.
Desde una perspectiva integral, el fortalecimiento de los derechos laborales y la mejora de los ingresos deben ir acompañados de políticas que promuevan el crecimiento de la productividad, la inversión en tecnología, la capacitación del talento humano y el apoyo efectivo a las empresas, independientemente de su tamaño. La articulación entre política laboral y política productiva resulta fundamental para garantizar un mercado laboral sostenible y formal.
De cara a 2026, el reto para el país consiste en lograr un equilibrio entre la protección del trabajador, la viabilidad económica de las empresas y la capacidad de generar valor. Una aproximación integral, que considere simultáneamente salario, jornada, productividad y competitividad, permitirá avanzar hacia un mercado laboral más sólido, predecible y alineado con las realidades económicas del país.