Carga normativa de las Empresas: ¿Responsabilidad o Exceso?
30 de septiembre de 2025Contenido
En Colombia, el marco legal que regula la actividad empresarial se ha vuelto cada vez más exigente y complejo, alejándose de la prometida simplificación normativa. Aunque este crecimiento se justifica en la búsqueda de transparencia, protección de derechos y sostenibilidad, ha generado una carga técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera que resulta abrumadora y costosa, especialmente para las MIPYMES.
Desde su constitución, las compañías enfrentan una red de obligaciones, muchas de ellas meramente formales, que a menudo parecen innecesarias o ajenas a un tejido empresarial dominado por empresas con menos de diez trabajadores. A esto se suman cargas que se renuevan o repiten, reforzando la percepción de trámites interminables.
En su operación diaria, las empresas deben reportar a la DIAN y a autoridades territoriales. Pero la exigencia no se limita a lo fiscal: también deben hacerlo ante la UGPP, el SENA, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la de Sociedades, que solicita reportes financieros bajo NIIF en formato XBRL, además de informes como SAGRILAFT, PTEE, Beneficiarios Finales, Prácticas Empresariales y Buen Gobierno Corporativo.
A esto se agrega la inestabilidad tributaria: cada fin de año es habitual una nueva reforma. Para 2025 ya se anuncia una “Ley de Financiamiento” que busca recaudar $26,3 billones, ampliando el IVA, aumentando tarifas en sectores estratégicos y gravando con nuevos impuestos ambientales.
Surgen, además, nuevos ítems como la sostenibilidad. El Plan Nacional de Desarrollo que impulsa prácticas responsables y reportes alineados con estándares internacionales. Aunque hoy son voluntarios, es previsible que se vuelvan obligatorios, como ha ocurrido con otras normas.
Por su parte, la legislación laboral y de seguridad social añade nuevas obligaciones: reglamentos, comités, registros y reportes periódicos. La reciente reforma laboral incorporó cuotas de contratación de personas con discapacidad (dos por cada 100 empleados en empresas de más de 100 trabajadores, y una por cada 100 en las que superen los 50), lo que implica ajustes internos, actualización de políticas y mayores costos. La informalidad, el desconocimiento legal y la baja capacidad de fiscalización complican aún más el cumplimiento, sobre todo en las MIPYMES.
Todo lo anterior sin contar la normatividad particular para algunos sectores, como las normas sanitarias y fitosanitarias para los fabricantes, el Estatuto del Consumidor para quienes venden bienes y servicios o las habilitaciones para el sector salud, entre otras.
Si bien la regulación busca construir un entorno ético, transparente y sostenible, el exceso de requisitos, la dispersión normativa y la falta de acompañamiento estatal convierten el cumplimiento en una barrera para el desarrollo. Es urgente que legisladores y entes de control promuevan una verdadera simplificación, incentivos al cumplimiento voluntario y herramientas de apoyo para las empresas.
En este escenario, el diálogo entre el sector privado y las autoridades resulta clave. La construcción de mesas de trabajo y la participación de los gremios pueden convertirse en el puente para diseñar normas más claras, equilibradas y aplicables, que protejan derechos sin frenar la competitividad ni el crecimiento empresarial.
La regulación debe ser un instrumento de desarrollo, no un obstáculo. El reto está en equilibrar el deber legal con un entorno que fomente el crecimiento y la innovación empresarial.