El nuevo rasero sancionatorio de la SIC en protección al consumidor

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El reciente Informe de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”) arroja una radiografía actual de la política sancionatoria del ente de control vigilancia en materia de protección al consumidor.

El nuevo rasero es evidente: la entidad impuso menos multas que en el periodo anterior, pero considerablemente más gravosas económicamente. Estamos frente a una SIC mucho más severa en su capacidad sancionatoria, no solo en la vía administrativa, sino también desde la vía jurisdiccional.

Los números hablan por sí solos. Mientras que en el periodo anterior hubo 316 sanciones por infracción a los derechos del consumidor, en el último periodo la cifra bajó a 255; sin embargo, el monto total recaudado aumentó en un 17%, pasando de $18.494 millones a $21.749 millones.

En materia del régimen de protección a usuarios de telecomunicaciones, el salto es mucho más considerable: el valor de las sanciones creció un 80%, pasando de $27.069 millones a $49.344 millones, bajo el mismo rasero, es decir, con una menor cantidad de resoluciones sancionatorias.

Sin embargo, donde el escenario exige mayor agudeza estratégica es en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Allí no solo aumentó el valor de las multas impuestas por los jueces en un 51% frente al periodo anterior, sino que el volumen de sanciones creció un 22%, jalonado casi en su totalidad por castigos financieros ante el incumplimiento de sentencias y acuerdos de conciliación.

Este último dato cambia las reglas del juego al momento de decidir enfrentarse o no a un litigio en derecho del consumo. Asumir un pleito por "política estricta de la empresa" o por pura inercia se puede convertir en un enorme golpe financiero. La SIC ha demostrado estar dispuesta a usar su facultad legal para imponer multas jurisdiccionales —que van hasta los 150 salarios mínimos (hoy equivalentes a más de $255 millones de pesos)— sin importar si el producto objeto de la controversia tenía un valor de apenas un millón de pesos.

El verdadero valor de la asesoría jurídica moderna no radica en contestar ciegamente todas las demandas, sino en tener la inteligencia corporativa para identificar qué batallas deben conciliarse de forma temprana y cuáles ameritan ser llevadas hasta el final del proceso con pruebas técnicas y estrategia procesal.

Además, una verdadera amenaza asoma en el horizonte. El propio Grupo de Estudios Económicos de la SIC ha advertido que las multas actuales presentan "oportunidades de mejora en su rol disuasorio". Es decir, la autoridad considera que los topes sancionatorios actuales del artículo 61 del Estatuto del Consumidor se están quedando cortos y buscará que los mismos sean aumentados por vía legislativa.

Frente a esto, el compliance preventivo en las empresas —la auditoría rigurosa a la publicidad, al e-commerce y a las reclamaciones en etapa de PQRs— deja de ser un simple adorno de responsabilidad corporativa para convertirse en el escudo del patrimonio y la reputación empresarial.

Para quienes deseen profundizar en estas cifras y dimensionar el impacto de esta nueva política, los invito a consultar los detalles del Informe de Rendición de Cuentas (2024-2025) directamente en el portal oficial de la SIC.