¿La meta de descarbonización justifica el riesgo de la soberanía energética?

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La meta asumida por Colombia de descarbonización a 2050 y de reducción del 51% de las emisiones de GEI para 2030, además de nuestro potencial gracias a la localización geográfica y los recursos renovables disponibles; nos pone en la mira de países con altas emisiones, como China, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Este posicionamiento y las políticas de gobierno generan incentivos a la inversión y promueven la participación y el desarrollo de estos proyectos, que son un gran vehículo para lograr avances en la diversificación de nuestra matriz. Un ejemplo de esto, es la predominancia de proyectos solares en la última subasta de cargo por confiabilidad. Sin embargo, la búsqueda de estás metas no pueden sacrificar nuestras necesidades y soberanía energética, proveniente, en gran parte, de la industria minera y de hidrocarburos, la cual genera ingresos aproximados de $336 billones. Cabe recordar, además, que según la IEA, Colombia tiene un impacto del 0,23% en las emisiones de CO2 globales.

Algunas predicciones sobre el desabastecimiento de gas se tornan en realidad, debido a la no asignación de nuevos Contratos de Exploración y Explotación desde 2021, los resultados obtenidos por Ecopetrol en las exploraciones de gas off shore; y el consumo de las reservas existentes. Lo anterior, fortalece un escenario dirigido a depender de importaciones de gas que incrementa el valor del energético actual; y requiere de inversiones adicionales en la infraestructura existente, de aproximadamente un tramo de 200 kilómetros y un tiempo no menor a dos años para hacerlo efectivo, si fuera el caso de Venezuela; generando más costos hacia al beneficiario final.

No siendo suficiente, se impulsa un proyecto de ley del Ministerio de Minas y Energía, denominado “Minería para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida”, que busca restringir la actividad minera y prohibir la exploración de Carbón Térmico, un mineral de exportación importante en la matriz energética, que, a través de las centrales térmicas –junto con el gas natural– genera entre el 15% y el 18% de la electricidad que consumimos diariamente, contribuyendo al respaldo y seguridad energética del sistema eléctrico en época de sequías.

Estos proyectos de ley y directrices envían un mensaje de cambio en las políticas de Estado, virando su posición de garante hacia una intervencionista que antepone políticas sobre derechos adquiridos y economías consolidadas, causando inestabilidad jurídica al sector privado y haciéndonos cuestionar los medios para alcanzar la meta de descarbonización. Aquí surgen inquietudes frente a si existen menos emisiones CO2 al dejar de consumir gas local frente al importado: ¿acaso contamos con la estabilidad energética en materia de renovables que permita prescindir de la industria minera y del gas? ¿Tenemos un informe por sectores industriales que brinde información de su impacto en emisiones de GEI, así como un plan para contrarrestarlo? ¿Si el principal factor de emisiones en el país es la deforestación, por qué no tenemos propuestas regulatorias o metas encaminadas a combatirla? Si el fin no justifica los riesgos, el crecimiento responsable de las energías renovables causará un decrecimiento natural en el consumo de las energías no renovables.

*Claudia Mora Uscátegui, Socia del área de Energías, de PGP Abogados