Empresas y Derechos Humanos: la asignatura pendiente en la agenda del Gobierno

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En Colombia hablamos todos los días de reclutamiento infantil, de homicidios de líderes sociales, de desplazamientos y masacres. Son las tragedias conocidas, las que marcan la conversación pública desde hace décadas en derechos humanos.

Sin embargo, el papel de la empresa privada que es una dimensión igualmente crítica para entender estas violaciones sigue relegada al fondo de la agenda estatal. Mientras los debates se concentran en el conflicto armado, los impactos empresariales y la conducta corporativa responsable permanecen invisibles, a pesar de que los casos abundan, se repiten y afectan a las mismas poblaciones que el Estado dice querer proteger.

Los últimos gobiernos han hecho avances importantes. Por primera vez, Colombia está construyendo una línea base nacional de Empresas y Derechos Humanos, está elaborando un decreto de Conducta Empresarial Responsable, y participa activamente en las discusiones del tratado vinculante sobre empresas y DDHH en Naciones Unidas. Esto no es menor.

Aun así, el esfuerzo se está quedando corto. Hacen falta ambición y enfoque y, sobre todo, prioridad política. En la práctica, seguimos sin una política robusta que permita prevenir los daños antes de que ocurran, y sin mecanismos claros para que las empresas asuman responsabilidades cuando los impactos se materializan.

El problema de fondo es que mientras la narrativa pública siga entendiendo los derechos humanos como un tema exclusivamente ligado al conflicto armado, la agenda de empresas y DDHH seguirá sin consolidarse. Y eso tiene consecuencias variadas.

Avances que valen la pena reconocer

Este gobierno traza una línea base, lo cual es el primer esfuerzo serio en Latinoamérica para entender, con evidencia, cómo se comportan distintos sectores productivos frente a los derechos humanos. Preparó además el decreto sobre Conducta Empresarial Responsable (CER), que si se adopta algún día, podría ser la primera norma en Colombia en establecer lineamientos claros para que las empresas adopten procesos de debida diligencia. Y la creación de la Mesa de Responsables de CER es un paso importante para ordenar la arquitectura estatal interna, que históricamente ha sido fragmentada y dispersa.

Además, el proceso incorpora enfoques diferenciales: étnico, de género y territorial. Esto es clave en un país donde la minería, la energía, la agroindustria y las grandes obras de infraestructura suelen localizarse en territorios de población indígena, afrodescendiente o campesina. La participación del Gobierno en las discusiones del tratado vinculante de la ONU también ha elevado el perfil internacional de Colombia en este tema.

Hay voluntad política, una estructura institucional incipiente y una narrativa que gana fuerza sobre el rol del Estado en la conducta corporativa. Eso merece ser reconocido.

Pero los avances no son suficientes

El problema es que, en la práctica, todo este esfuerzo no está generando todavía un cambio tangible en garantía de derechos y las razones son varias.

En primer lugar, el decreto que se prepara establece roles, responsabilidades y procesos dentro del Gobierno. Pero no crea obligaciones directas para las empresas: no exige que realicen debida diligencia, no establece sanciones por incumplimiento, no crea mecanismos de responsabilidad.

En otras palabras, mantiene el enfoque voluntario, parecido a la vieja Responsabilidad Social Corporativa que tanto se criticaba por ser superficial y ser más útil para lavar la cara a las empresas. Mientras en Europa ya existen leyes obligatorias, como la Ley de Vigilancia francesa o el Supply Chain Act alemán, en Colombia seguimos hablando de “alineación” y “sensibilización”.

En segundo lugar, la política se ha convertido en un ejercicio burocrático. Las mesas técnicas, los grupos de trabajo, las rondas de socialización y las asistencias territoriales son importantes, pero hasta ahora el proceso ha sido extremadamente endogámico. Gobierno hablando con gobierno. Falta diálogo profundo con los sectores de alto riesgo: minería, hidrocarburos, agroindustria, infraestructura y logística. Sin ese vínculo, no habrá transformación empresarial real.

En tercer lugar, la línea base avanza lento y no tendrá impacto inmediato. Se espera que la línea base se entregue en 2025. Eso significa que decisiones de política pública se están tomando sin datos concluyentes. Y mientras tanto, los conflictos socioambientales crecen, como las disputas por el agua, las tensiones con comunidades étnicas, los impactos en salud o los litigios que se multiplican en tribunales nacionales e internacionales.

En materia de derechos humanos, el tiempo importa. Y Colombia no puede esperar años para avanzar. No se están abordando los problemas estructurales y la política actual no toca los puntos neurálgicos. Algunos de ellos son el sistema de licenciamiento ambiental que es por momentos débil, que se le acusa de politizado y con escasa capacidad técnica. Así mismo, el Estado es incapaz de proteger a todos los defensores ambientales y muchos de ellos terminan asesinados por oponerse a intereses económicos de actores ilegales.

Además, el procedimiento de consulta previa que siguen siendo muy difícil de llevar a la práctica y la justicia muchas veces desconectada desde la comodidad de Bogotá, suele ser lenta y actuar después de que el daño está hecho. Una política nacional de Empresas y DDHH que ignore estos vacíos corre el riesgo de volverse irrelevante.

Nos sigue faltando ambición frente a estándares internacionales. Mientras la Unión Europea avanza hacia la debida diligencia obligatoria en toda la cadena de suministro, Colombia todavía discute si las empresas deberían “promover buenas prácticas”. La brecha regulatoria se amplía, y en un mundo donde las cadenas globales son cada vez más exigentes, esto puede dejar al país rezagado frente a los mercados más rigurosos.

Colombia tiene una larga historia de conflictos entre empresas y comunidades, muchos de ellos convertidos en litigios internacionales o en sentencias de la Corte Constitucional. Cerrejón y la desviación del arroyo Bruno[1]; Cerro Matoso y los impactos en comunidades étnicas en Córdoba[2]; Drummond y su relación con los sindicatos[3]; Chiquita Brands y su confesión de pagos a las AUC[4]; proyectos petroleros o mineros que afectaron a pueblos indígenas sin consulta adecuada; obras de infraestructura que desplazaron poblaciones, etc.

Todos estos casos tienen en común que el Estado llegó cuando ya era demasiado tarde. Nunca hubo prevención efectiva. Nunca hubo debida diligencia obligatoria. Nunca hubo un sistema robusto para anticipar esos riesgos. La política actual corre el riesgo de repetir la historia si no cambia de rumbo.

El problema político: la agenda está eclipsada

A pesar de la importancia del tema, Empresas y DDHH no aparece entre las prioridades del Gobierno. No está en los discursos presidenciales, no destaca en los informes de DDHH y mucho menos no está en los debates mediáticos. Los homicidios de líderes sociales, el conflicto armado, la violencia política y la seguridad, por ser más delicados, siguen captando la atención. Eso deja la agenda empresarial en un lugar marginal. Y sin presión pública, la política no avanza con la fuerza que debería.

Este, o el próximo gobierno, debería avanzar en tres pasos realistas y necesarios. Primero, creando obligaciones progresivas de debida diligencia, empezando por sectores de alto riesgo. Segundo, integrando la protección de defensores ambientales y laborales como eje central de la política. Y tercero, regulando de una vez por todas el procedimiento de consulta previa para dar reglas claras a la actividad empresarial y terminar con las brechas de incertidumbre que espantan la inversión privada.

Colombia ha hecho avances importantes, pero la agenda de Empresas y Derechos Humanos sigue siendo asignatura pendiente de la política pública. Mientras no entendamos que los conflictos empresariales también son conflictos de derechos humanos, seguiremos gestionando crisis en lugar de prevenirlas. Y seguiremos llegando tarde para los territorios, para las comunidades y para la justicia.