El precio de la incoherencia regulatoria

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Perder un litigio internacional no es solo un problema financiero. Es una señal pública sobre cómo está funcionando la relación entre el Estado y las reglas que él mismo define. Cuando un país acumula este tipo de señales, el costo deja de medirse únicamente en dólares: empieza a medirse en confianza, en flujo de inversión y en la forma en que el resto del mundo evalúa la solidez de su entorno jurídico.

El 22 de abril de 2026, un comité ad hoc del CIADI rechazó el recurso de anulación interpuesto por Colombia contra el laudo que le ordena pagar más de 500 millones de dólares a Telefónica. El laudo original, dictado en noviembre de 2024, fijó una compensación de 379,8 millones de dólares más intereses compuestos del 5%. El caso se remonta a 1994 y se intensificó con la reversión de activos de telecomunicaciones que obligó a la compañía a desembolsar esa misma cifra en 2017. La disputa giró en torno a actuaciones del Estado consideradas violatorias de los estándares de trato justo y equitativo bajo los acuerdos internacionales de inversión. El comité ni siquiera entró al fondo del recurso: lo rechazó porque Colombia no constituyó la garantía financiera dentro del plazo procedimental.

Estos casos suelen aparecer cuando hay desconexión entre las decisiones regulatorias del Estado y los principios sobre los que opera la seguridad jurídica: previsibilidad, confianza legítima y coherencia en el tiempo. No se trata de discutir si una autoridad puede modificar la regulación. Por supuesto que puede. La pregunta es cómo, con qué transparencia, con qué horizonte de transición y con qué respeto a los compromisos previamente adquiridos.

Para una empresa que toma decisiones de inversión a diez o quince años, el riesgo no es la norma vigente al momento de invertir. Es la posibilidad de que esa norma cambie, se reinterprete o se aplique retroactivamente bajo otra lógica. Esa diferencia define lo que se decide en una sala de junta: si la regla actual es la regla esperable, el cálculo es sobre rentabilidad. Si puede ser otra mañana, el cálculo se traslada al riesgo, y el riesgo siempre se cobra.

Colombia atraviesa un momento de alta densidad regulatoria. Reformas estructurales en curso, tensiones institucionales y señales mixtas hacia el sector privado han instalado una incertidumbre que no se resuelve con declaraciones tranquilizadoras. Aquí aparece un cambio relevante: el riesgo jurídico ya no se evalúa como característica general del país, sino caso por caso. Cada decisión, cada interpretación, cada fallo, ajusta la percepción de riesgo de toda una jurisdicción. Decisiones aisladas terminan teniendo impactos desproporcionados sobre la imagen institucional.

El punto no es defender al inversionista ni criticar al Estado. Es reconocer que la seguridad jurídica no se mide por la existencia de normas, sino por la coherencia con la que se aplican en el tiempo. Un país puede tener un marco normativo robusto y aun así erosionar credibilidad si las normas se vuelven elásticas según la administración de turno.

En un entorno global donde el capital es cada vez más selectivo, los países no compiten solo por ofrecer oportunidades. Compiten por demostrar que sus reglas se mantienen estables incluso cuando cambian las prioridades políticas. Y esa es la prueba más difícil de superar.