La nube rota del Estado colombiano
13 de noviembre de 2025Contenido
La reciente decisión del Gobierno Nacional de no renovar el Acuerdo Marco de Nube Pública, el mecanismo que estandarizaba la contratación de servicios en la nube para más de 300 entidades estatales, ha sido presentada con un tranquilizador aire de normalidad. Según la comunicación oficial, los servicios no se interrumpirán y las entidades ahora gozarán de autonomía para negociar directamente, buscando supuestamente mejores condiciones. Sin embargo, esta visión optimista revela una profunda incomprensión de lo que realmente representaba este acuerdo: no era un simple catálogo de proveedores, sino una pieza crítica de la infraestructura y la gobernanza digital del país.
Un acuerdo marco de tecnología no es un mero contrato de compraventa; es el equivalente a establecer un estándar técnico nacional. Funciona como un protocolo que garantiza un mínimo de calidad, seguridad jurídica e interoperabilidad entre las distintas ramas del Estado. Al precalificar proveedores, definir cláusulas uniformes de protección de datos y negociar tarifas aprovechando la economía de escala del Estado en su conjunto, Colombia Compra Eficiente actuaba como un filtro de idoneidad técnica y legal. Su rol no era limitar, sino habilitar: permitía que una alcaldía pequeña o un ministerio sin un gran equipo de TI pudieran acceder a tecnología de punta con la certeza de que cumplía con un estándar validado.
La tesis gubernamental de que la contratación individualizada fomentará la eficiencia y reducirá los costos desafía la lógica económica más elemental. Sugerir que más de 300 entidades, cada una negociando por separado, obtendrán mejores precios que el Estado negociando como un único y masivo comprador, es un contrasentido. Esta fragmentación del poder de compra no solo encarecerá los servicios, sino que multiplicará exponencialmente el desgaste administrativo y el riesgo jurídico. Cada entidad deberá ahora emprender, por su cuenta, complejos procesos de licitación para un servicio altamente especializado, lo que inevitablemente resultará en demoras, sobrecostos y una puerta abierta a contrataciones con proveedores que no ofrezcan las garantías de seguridad adecuadas. Aquí yace el riesgo más profundo. En un mundo donde los datos son un activo estratégico y la ciberseguridad una prioridad de seguridad nacional, dejar la elección de la infraestructura en la nube al criterio de cada entidad, sin un marco de referencia, es una apuesta temeraria. Como advirtió el exministro David Luna, los datos de millones de colombianos podrían quedar alojados en plataformas que no cumplen con los más altos estándares de seguridad o con las normativas de soberanía de datos. La decisión no solo abre una brecha de eficiencia, sino también una potencial crisis de seguridad y confianza pública.
La modernización del Estado no se logra desmantelando las pocas herramientas de gobernanza digital que se han construido con esfuerzo. Por el contrario, exige fortalecerlas, actualizarlas y dotarlas de mayor inteligencia de mercado. El camino correcto no era eliminar el acuerdo marco, sino evolucionarlo: hacerlo más flexible, incluir nuevos proveedores o renegociar sus condiciones. La medida actual, lejos de ser un avance hacia la agilidad, es un salto al vacío que nos devuelve a un modelo fragmentado, ineficiente y, sobre todo, más riesgoso.