Reorganización: desistir no debería ser una opción

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En materia concursal, el desistimiento no puede analizarse igual que en los procesos declarativos o ejecutivos. En ellos puede considerarse como una expresión del derecho de acción, mientras que, en la reorganización empresarial, esa lectura resulta inadecuada porque el trámite no se agota en la voluntad del deudor ni en una relación bilateral con sus acreedores. Desde que se acude a la Ley 1116 de 2006 para promover un procedimiento recuperatorio, el asunto deja de ser estrictamente privado y entra en el terreno propio del orden público económico.

La reorganización no es ni puede convertirse en un paréntesis que el deudor abre y cierra a su antojo. Es un procedimiento universal, con fines jurídicos y económicos concretos, diseñado para proteger el crédito, preservar empresas viables y conservar el empleo, bajo el criterio de agregación de valor.

Habida cuenta de lo anterior, la sola presentación de la solicitud no es un acto neutro; produce consecuencias jurídicas relevantes. El artículo 17 de la Ley 1116 restringe la capacidad dispositiva del deudor y de sus administradores al giro ordinario de los negocios, disciplina de manera específica las relaciones patrimoniales y anticipa la lógica de protección empresarial que caracteriza al concurso. Desde ese momento, los acreedores ya no están frente al mismo deudor ni ante el mismo escenario de cobro. Su conducta queda condicionada por un régimen excepcional que desplaza la lógica individual y anuncia la prevalencia de una solución colectiva. Con la apertura del proceso, esa transformación se consolida. Se impiden ejecuciones individuales, los acreedores son incorporados al escenario universal, se limita la terminación de contratos por razones asociadas a la insolvencia y se inicia la calificación y graduación de créditos. La crisis deja de ser la suma dispersa de reclamaciones particulares y pasa a administrarse bajo reglas de igualdad, prelación y transparencia.

En ese contexto, admitir un desistimiento libre equivaldría a permitir que el deudor use la protección judicial como un refugio temporal y luego retire el trámite cuando cambie su conveniencia. Esa posibilidad desnaturaliza el sistema. Si la reorganización produjo efectos frente a terceros, no puede deshacerse por una simple declaración unilateral del solicitante. Si el deudor no cumple los requisitos, habrá rechazo; si el proceso fracasa o la empresa no es viable, habrá de liquidarse; si las causas de la crisis desaparecieron con anterioridad a la celebración del acuerdo de reorganización, habrá que pedir autorización al juez para atender los créditos anticipadamente —pero jamás desistir del trámite—. Lo que no resulta admisible es convertir el desistimiento en una puerta informal para desmontar los efectos de un trámite que ya comprometió a los acreedores y al mercado.

Ciertamente, la reorganización empresarial no pertenece al deudor que la promueve. Una vez activado el régimen concursal, el proceso queda sometido a una finalidad superior: ordenar la crisis, proteger el crédito y preservar la confianza en la respuesta institucional frente a la insolvencia. Permitir el desistimiento libre sería tanto como aceptar que la protección concursal puede utilizarse de manera instrumental, sin asumir las consecuencias jurídicas que ella misma desencadena.