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Richard Posner y el precio de un voto en una sociedad

18 de noviembre de 2026
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¿Cuánto vale el 1% de una empresa? Si el minoritario necesita vender y su único comprador tiene el 99%, “cualquier cosa es regalo” para ese 1%. Pero, ¿y si al día siguiente el mayoritario necesita aprobar una fusión y los estatutos exigen unanimidad? Aquí el “tonito” cambiaría, seguramente.

Richard Posner, que murió el 10 de noviembre a los 87 años, habría entendido ese cambio en el tonito. En 1973 publicó “El análisis económico del derecho”. Una joya que debería ser de obligatoria lectura para abogados y economistas (como mínimo). Posner volvió habitual una pregunta en las facultades de derecho: ¿Qué hará una persona una vez conozca la norma? Es decir, ¿qué incentivos o desincentivos genera una norma? En las sociedades cerradas, la respuesta suele depender de cuánto le cueste a cada socio levantarse de la mesa sin un acuerdo.

Posner imagina a tres socios que fundan una empresa de software por partes iguales. Si alguno quiere retirarse, los otros dos son sus compradores más probables. ¿Cuánto pagaría un extraño por una participación que le da poca voz a la hora de repartir las utilidades? Los fundadores pudieron pactar desde el comienzo cómo comprarle sus acciones al que quisiera salir. Ahora que saben quién vende y quiénes compran, hasta escoger al avaluador es una negociación sobre el precio.

En otro pasaje de su texto, aparecen David Radom y su hermana Anna Neidorff. Al enviudar, Anna heredó las acciones de su marido. Los hermanos quedaron dueños, por mitades, de una imprenta de partituras. Los cheques requerían las dos firmas y Anna firmaba todos salvo los del sueldo de David, que dirigía el negocio. Él pidió la disolución. En 1954, la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó la petición. Durante el pleito subieron las utilidades y se triplicaron los activos.

La observación más aguda de Posner viene después del fallo. Si el juez ordenaba liquidar la imprenta, David podía volver a imprimir partituras bajo otro nombre. Anna cobraría la mitad del remanente. David, además de cobrar la suya, podría seguir atendiendo a los clientes. El reparto parecía equitativo hasta preguntarse qué podría hacer cada hermano el lunes siguiente. Por eso Posner sugirió condicionar la disolución a que David le pagara a Anna la mitad del valor del negocio en marcha… interesante.

En Colombia, el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 reconoce que el voto puede ser abusivo bajo unos supuestos. En el caso Alienergy, un minoritario vetó cuatro veces la capitalización de Gestión Orgánica. La Superintendencia de Sociedades desestimó la demanda en mayo de 2015. Ni siquiera el perito pudo establecer la razonabilidad financiera de la inversión propuesta. Antes de reprocharle sus cuatro negativas, convenía averiguar qué información le habían dado para votar a favor.

Alguien puede decidirse a invertir sus ahorros en una empresa familiar porque su voto es decisivo para vender el principal activo. ¿Quién pondría el capital si supiera que esa garantía dura hasta el primer desacuerdo?

Al redactar estatutos, vale la pena ensayar la cláusula desde ambas sillas. ¿La firmaría el mayoritario si mañana sus hijos heredaran las acciones? ¿Para qué me sirve la cláusula si uno de los hijos necesita vender con urgencia más adelante? ¿La aceptaría el minoritario si tuviera que conseguir las demás firmas para financiar una planta de producción? Posner merece un lugar en esa primera reunión de socios (y en el resto de la relación…). Allí, imaginar el desacuerdo cuesta poco, pero unos años después, se puede a llegar a cobrar por horas…