Negociación por niveles en Colombia: 99% de empresas impactadas
27 de mayo de 2026Contenido
El Decreto 234 de 2026, promulgado en marzo por el gobierno nacional, no es una reforma menor. Introduce un nuevo marco de negociación colectiva, cuyo alcance trasciende el esquema previsto por la Constitución y la Ley. Esta regulación genera transformaciones sustanciales que impactan la titularidad, el alcance y la vigencia de los instrumentos colectivos de trabajo.
La OIT (Informe Técnico 44, 2024) establece cinco criterios que deben cumplir los países que deseen implementar la negociación por niveles: 1) coordinación entre actores, 2) alta cobertura, 3) representantes unificados, 4) reducción de la fragmentación sindical y empresarial, 5) e inversión sostenida en capacidades. Este modelo ya opera en países europeos como Suecia, Alemania, Noruega, y Francia, así como en Uruguay, Argentina y Brasil en la región. Colombia, pese a tener una estructura productiva diferente, baja cobertura de los acuerdos y elevada fragmentación sindical, busca ahora adoptar este esquema.
¿Pero a qué costo este cambio normativo? Tras identificar las primas extralegales y los salarios mínimos convencionales —o de enganche— como los conceptos de mayor incidencia en la estructura de gastos, las estimaciones revelan un panorama complejo para el tejido empresarial del país. En un escenario de negociación por niveles, las empresas que hoy no negocian podrían enfrentar incrementos en sus costos laborales que van del 4,7% al 115,1%. Es importante destacar que estas cifras representan estimaciones a la baja, ya que solo contemplan las primas extralegales básicas y los de enganche.
Para ilustrar de mejor manera lo anterior, el salario mínimo de enganche pactado por las empresas que actualmente negocian es un 36,8% superior al mínimo legal, con oscilaciones que van del 1,7% al 99,4%. Por lo tanto, trasladar esas lógicas y medias de beneficios a pequeñas o medianas empresas que nunca han negociado o cuyos márgenes operacionales son discretos hace que estas nuevas cargas las haga inviables financiera y operativamente.
Ahora bien, al detallar la distribución del costo de cada trabajador en un escenario de negociación por niveles, los costos extralegales pasarían a tener un peso relevante. La incidencia de los beneficios extralegales puede representar para las empresas que hoy carecen de negociación entre un 6,0% (min) hasta un 16,3% (max).
Los datos hablan por sí solos. De las 643.260 compañías que reportaron ante la DIAN en 2024, apenas el 0,4% de empresas suscribe acuerdos colectivos con los trabajadores. Aunado a lo anterior, del total de empresas que negociaron entre 2018 y 2024 (2,378), el 61% se ubicó en el listado de las 10.000 empresas más grandes en 2024 (supersociedades), lo cual muestra el poder de negociación que presentan dichas empresas. A partir ello, es posible afirmar que las compañías que negocian son por regla general grandes por ingresos y número de trabajadores (316 empleados en promedio).
Con la promulgación del Decreto 234, el 99% de las empresas en Colombia que reportan ante la DIAN, —640.882 sociedades—, se verían afectadas de manera económica y financiera, teniendo que aplicar beneficios extralegales y estructuras salariales que posiblemente no se encuentren en la capacidad para otorgar. El interrogante que queda sobre la mesa no es si habrá impacto, sino cuántas empresas podrán resistirlo.