Colombia ante el retroceso de la violencia política

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La tragedia que golpea hoy a Colombia y a toda Latinoamérica tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay trasciende el dolor personal y se lee como un retroceso preocupante en la historia política de ese hermano país. Situado entre los episodios más oscuros de nuestra memoria, el crimen revive fantasmas que parecían superados. Desde la muerte de figuras emblemáticas como Galán o Gaitán, no se registraba un magnicidio de candidato en una campaña política; un hecho que ahora nuevamente sacude la esperanza democrática.

Un legado marcado por la violencia. El 7 de junio de 2025, durante un acto de campaña un joven de entre 14 y 15 años disparó por la espalda contra Uribe Turbay, alcanzándolo con tres balas, dos de ellas en la cabeza. Su muerte, ocurrida el pasado 11 de agosto, fue el trágico epílogo de más de dos meses en cuidados intensivos y múltiples cirugías.

Su sangre simboliza un ciclo violento que atraviesa generaciones: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada durante un secuestro a manos del cartel de Medellín cuando él tenía apenas cinco años. Hoy, esta herencia de dolor se repite con una crueldad casi poética: su hijo Alejandro, de cinco años, nuevamente se queda sin padre por causa de la violencia política.

Un país comprometido con las buenas prácticas. Es importante recordar que Colombia no es un Estado indiferente a las exigencias del buen gobierno, la transparencia y la institucionalidad democrática. Desde su ingreso como miembro pleno de la OCDE en 2020, el país ha venido realizando importantes esfuerzos para alinear sus políticas públicas con estándares internacionales en materia de justicia, gobernanza, educación, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. Este compromiso con la mejora continua ha sido una señal clara de que Colombia aspira a ser parte activa de una comunidad global basada en reglas y en la confianza institucional. Precisamente por eso, la violencia política resulta tan inaceptable: porque atenta contra la dirección que el país ha decidido tomar y pone en riesgo el capital institucional acumulado con tanto esfuerzo.

Una democracia bajo alerta. Este atentado ocurre a nueve meses de las elecciones presidenciales de mayo de 2026, en medio de un clima político ya tensionado, marcado por polarización, retórica exacerbada y un escenario en el que el asesinato de un líder opositor daña profundamente la confianza ciudadana.

Uribe Turbay no era un político más: era la encarnación de una nueva generación de líderes y buscaba ser el presidente más joven en asumir el poder. Su asesinato representa, más que una pérdida personal, una dura advertencia: la seguridad en la democracia no puede darse por descontada.

Este hecho debe ser un punto de inflexión. No es hora de discursos tibios, sino de acciones decididas. Colombia debe responder protegiendo real y efectivamente a los precandidatos y líderes políticos, sin consideraciones ideológicas; deben realizar investigaciones exhaustivas que identifiquen y castiguen a los responsables materiales e intelectuales; no debe haber el mas mínimo espacio para la impunidad; y, finalmente, con extrema urgencia deben plantearse la necesidad de alcanzar un pacto nacional por la paz política, una tregua simbólica que restituya la confianza democrática.

Solo así, honrando la memoria de Miguel Uribe Turbay y de quienes han caído antes, Colombia podrá emerger con fuerza y redoblar su compromiso con la vida, la pluralidad y el futuro institucional.