Se necesita seguridad jurídica para el sector extractivo

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A poco más de un año de la consulta popular de Cajamarca, la cual generó una oleada de consultas populares que ahora tienen en jaque a la industria minera y petrolera, consultas populares que a hoy no cuentan con una reglamentación efectiva que defina su alcance, causan en estas industrias, que por muchos años han sido el motor principal de nuestra economía y han generado desarrollo de infraestructura, salud y empleo en Colombia, un éxodo sin precedentes a otros países, afectando fuertemente la balanza de pagos.
El sector minero, a 2017 representó un aporte de 6% del PIB de acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), generando unos 350.000 empleos directos y aproximadamente un millón de empleos indirectos. A su vez, el sector petrolero, ha sido la industria que más ha aportado al PIB, actualmente aportando 7% de éste según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), generando unos 100.000 empleos directos e indirectos.

Ahora, a escasos días de elecciones presidenciales, el país se encuentra en un momento de incertidumbre por el futuro de la economía y el rumbo de que las inversiones tomarán dependiendo de los resultados electorales por las diferentes propuestas de los candidatos que aspiran a llegar a Palacio Nariño.
De los cuatro candidatos restantes en la carrera presidencial, existen dos que plantean prescindir definitivamente de la industria extractiva, y dos que la apoyan y promueven el fortalecimiento sostenible de este sector tan importante de la economía, aunque solo uno de estos prevé la necesidad de una eventual utilización del fracking en el territorio nacional.

El riesgo de esta decisión tan dividida es que se presentan los siguientes escenarios: i) que se arriesgue la seguridad jurídica y de los derechos adquiridos del empresariado que invierte en el sector extractivo; ii) Que se proteja las inversiones actuales y contratos existentes, sin que se promueva su crecimiento; y iii) Que se mejoren las condiciones jurídicas para los empresarios, promoviendo el crecimiento de la industria, con sus restricciones legales, y se atraiga así inversión extranjera y se generen empleos.
Es importante resaltar la importancia de la seguridad jurídica y el respeto por los derechos adquiridos, por supuesto en un marco de transparencia en la contratación.

Los constantes cambios en las reglas del juego tanto en temas de contratación como de carácter tributario han hecho de Colombia un país poco atractivo y poco competitivo para invertir, lo que genera rezago en el crecimiento económico y desempleo que afecta a millones de familias que dependen económicamente de la minería y del petróleo.
Lo anterior sin contar con el hecho que, situaciones como los títulos mineros otorgados cerca a la serranía de la macarena en 2016, traen consigo multimillonarias demandas contra el Estado y el deterioro de la confianza inversionista.

Si bien es cierto que hoy, el sector agroindustrial es la industria que demuestra los mayores crecimientos económicos, y que sin duda es una industria que se debe potencializar junto con las energías renovables, como tanto lo he mencionado en publicaciones previas en este mismo diario, no su puede desconocer la realidad actual que hace inviable una transición a corto y mediano plazo de las principales fuentes de ingreso y desarrollo del país.

En definitiva, estamos próximos a jugarnos el futuro inmediato de más de un millón de personas que dependen del sector extractivo, sin ninguna garantía de reemplazar eficientemente los ingresos provenientes de estas inversiones.