El derecho de la competencia y la política fiscal
19 de octubre de 2020Contenido
Según el diario El País, la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar varios impuestos que recauden al año más de 42.000 millones de euros (unos US$49.224 millones), con el objetivo de financiar al Viejo Continente después de la pandemia.
Una de las medidas tributarias que pretende imponer la Comisión es la ley de impuestos sobre determinados servicios digitales, más conocida como la “tasa Google”, que consiste en gravar con 3% a las grandes multinacionales tecnológicas que actualmente no tributan en Europa, tales como Google, Microsoft, Amazon y Apple, quienes perciben ingresos anuales mundiales alrededor de 750 millones de euros (US$879 millones)
Esta iniciativa se remonta a 2016 cuando la Comisión Europea abrió una investigación en contra de Apple al considerar que Irlanda había otorgado beneficios artificiales a esa compañía lo que le permitía pagar menos impuestos que otros competidores, por las ganancias obtenidas en Oriente Medio, África e India. Según la Comisión, esos beneficios suponían una ayuda ilegal por parte del Estado, por cuanto se le otorgó una clara ventaja selectiva y competitiva a Apple.
Consideró la autoridad que Apple, a duras penas, pagó en Irlanda un impuesto de sociedades equivalente a 1% en 2003 montó que disminuyó notablemente hasta llegar a 0,005% en 2014 y que ello fue la consecuencia de dos acuerdos fiscales suscritos en 1991 y 2007, que permitieron a Apple desviar su facturación hacia este país, lo que redujo a cero su tributación.
Para Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia, todas las empresas deben pagar su justa parte de impuestos, porque si los Estados miembros otorgan a algunas multinacionales ventajas fiscales, la competencia distorsiona y además se despoja al tesoro y a los ciudadanos de fondos indispensables para realizar inversiones. Maxime en tiempos de crisis.
De ahí que la Comisión ordenó a Irlanda recuperar la suma de 13.000 millones de euros por concepto de los impuestos que Apple dejó de pagar durante 2003 a 2014, más 1.200 millones de euros (US$15.236 millones) por los intereses, decisión que fue recurrida por el Gobierno irlandés y por Apple.
El 15 de julio de 2020 el Tribunal General de la UE revocó la decisión de la Comisión porque encontró que ella no demostró que Apple había obtenido una ventaja competitiva en virtud de los acuerdos fiscales celebrados con el Gobierno irlandés. Consideró que esa conducta no se enmarcaba en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, según el cual las ayudas de los Estados son incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia favoreciendo a determinadas empresas. Concluyó el Tribunal que la Comisión se equivocó al declarar que se había otorgado a Apple una ventaja económica selectiva, y, por ende, una ayuda estatal.
Este litigio dejó en evidencia que el derecho de la competencia se está comenzando a ocupar de los efectos de las políticas fiscales sobre la libre concurrencia, especialmente cuando se utilizan como herramienta para competir por atraer inversión extranjera. Ello plantea sin embargo las siguientes inquietudes de fondo: ¿Hasta qué punto puede la política de competencia primar sobre la intervención del estado en la economía? ¿Y máxime cuando esa intervención busque preservar valores de mayor importancia para el bienestar social y de los ciudadanos que el que puede tener la competencia?