El exceso de trámites nos está asfixiando

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Nacemos con las horas, minutos y segundos contados y nadie puede reponernos el tiempo mal gastado. Por eso es imperdonable que el Estado y sus funcionarios nos hagan perder nuestro precioso tiempo en tramites injustificados. No hay nada más peligroso que los funcionarios creativos e iluminados que llegan a estrenar cargo. Esos funcionarios que nosotros pagamos con nuestros impuestos son los principales responsables del crecimiento incontrolado y metastásico de los tramites que nos sofocan y agobian.

Según un estudio adelantado por la firma Inrix, los colombianos pierden en promedio 48 horas al año en un trancón. Hay que sumarle a ello las horas que debemos invertir en los innumerables trámites y procedimientos para realizar cualquier actividad.

Aunque varios gobiernos han destinado ingentes esfuerzos para darle solución al problema, los trámites innecesarios son un mal para el que aún no existe cura. Es algo que llevamos en el ADN de nuestra cultura. Se elimina uno y aparecen tres. La frustración y sensación de impotencia es absoluta cuando uno llega a entidades como la Aerocivil, en donde cada día surgen los tramites más insólitos y exóticos. Lo más peligroso de volar en Colombia es terminar uno enredado en un trámite. Hasta hace poco, la gestión de un plan de vuelo para dar un simple paseo por la sabana requería, además de la presentación personal del piloto, su huella digital y la toma de foto. Un ilustre ministro de Transporte puso en tierra todas las aeronaves de aviación general porque ocurrió un accidente y a un lúcido coronel de la Aerocivil le dio por prohibir a estas aeronaves regresar al aeropuerto de origen, porque sí.

El Decreto 19 de 2012 - Decreto Anti-trámites - tuvo por objeto suprimir aquellos procedimientos que suponían una carga excesiva e innecesaria para los ciudadanos. Dispuso ingenuamente que las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia para optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos y estableció la obligación de eliminar “toda complejidad innecesaria”, de tal manera que, los requisitos que se exijan a los particulares deben ser racionales a los fines que se persigue cumplir.

Por ello, resulta inconcebible y delirante que los ciudadanos deban acudir a la acción de tutela para lograr que una EPS autorice la entrega de un medicamento o de un procedimiento que por derecho les corresponde. Como si la justicia no estuviera ya lo suficientemente congestionada. Es incomprensible también que para denunciar un delito una persona tenga que esperar cuatro horas en ser atendida para que al final ese tiempo perdido no termine en nada. Ni que decir de los choques leves que a diario se producen en las vías en donde los involucrados tienen que obstaculizar y trancar el tráfico hasta que haga su arribo la policía a levantar los croquis. Todo está concebido para torturar al ciudadano.

La “tramitomanía” afecta de manera gravísima la calidad de vida de los colombianos y la competitividad o el costo de hacer negocios en el país. Ello no es más que el reflejo de la falta de respeto y consideración del Estado por los ciudadanos.

Esto es particularmente evidente en el caso de la constitución de pequeñas y medianas empresas.

Según el informe del Banco Mundial, Doing Business 2018, Colombia ocupa la posición número 96 en la categoría “Apertura de un negocio”, que mide el número de procedimientos, tiempo y costos para constituir formalmente y poner en funcionamiento una pequeña y mediana empresa. De conformidad con el mencionado estudio, los países de la Ocde requieren, en promedio, cuatro procedimientos para constituir una empresa, mientras que en Colombia se necesitan ocho.

Definitivamente este tema de la proliferación incontrolada de los tramites debería ser uno de los principales temas de campaña de los candidatos.