La gobernanza de la inteligencia artificial debe priorizar el acceso equitativo a esta tecnología para reducir las brechas sociales y económicas en Colombia.
17 de noviembre de 2026Contenido
El miércoles 11 de noviembre tuve el honor de participar en el panel «Governing Artificial Intelligence» del Horasis Global Summit 2026, en Medellín.
El tema de la sesión fue la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial, ahora que ellos toman decisiones a gran escala y plantean problemas de poder, seguridad y confianza.
Colombia, al igual que el resto de América Latina, no tiene, por sí sola, ninguna influencia sobre quién desarrolla esta tecnología ni sobre las reglas que la rigen, lo que amerita pensar que la región comience a actuar en bloque.
Un ejemplo de ello es Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje abierto de América Latina, en el que participan 15 países, incluida Colombia.
Pero, al margen de lo que se logre en bloque, lo que sí depende de cada país es qué se puede hacer para garantizar que la mayoría de su población tenga acceso a esta tecnología y para que esta trabaje en favor del desarrollo social y económico del país, y, sobre todo, para que no agrande la brecha entre la población más favorecida y la población rural y marginada.
De hecho, en Colombia, en donde más de la mitad de los trabajadores no cotiza a seguridad social, los beneficios de la IA suelen concentrarse en las ciudades, en los trabajos formales y en las personas con mayores ingresos.
Esto ocurre porque esta herramienta complementa los empleos que requieren criterio y habilidades especiales, como los de los médicos, los ingenieros y los abogados, pero puede reemplazar los trabajos rutinarios, como la digitación, el trabajo de oficina y los call centers.
Las áreas rurales tampoco tienen casi ningún acceso a la IA. Según el DANE, en 2025 solo el 11 % de los hogares campesinos del país tenía computador, apenas el 56,9 % tenía acceso a internet y solo el 8,1 % de los usuarios de internet utilizó la IA.
Por consiguiente, si esta tecnología produce más desempleo en esos sectores, se incrementará la informalidad y la desigualdad, y se dejará al margen y en el atraso a la mayoría de la población colombiana.
De otra parte, se debe considerar que la conectividad y el internet no son suficientes por sí solos para llevar la IA a la población marginada. Se requiere además enseñar a la gente cómo usarla.
Y existe una dificultad aún mayor, como es la falta de datos relativos a la población rural. Si no hay registros ni información suficiente sobre ella, esos ciudadanos resultan invisibles para la IA, las decisiones que se tomen se basarán en un escenario incompleto y esas comunidades seguirán sin ser atendidas.
Por ello, más que preocuparse por expedir nuevas leyes o por controlar a quienes desarrollan la inteligencia artificial en otros países, algo que está fuera de nuestro alcance, la prioridad debería ser diseñar una política que garantice la inclusión de toda la población. Además, que no exista una ley de IA no significa que no se puedan exigir responsabilidades.
De acuerdo con el marco legal vigente en Colombia, el Estado debe indemnizar los daños que causen los sistemas que use, y quien use un modelo que actúa por sí solo tiene que responder por los daños que este cause, por tratarse de una actividad peligrosa, aun cuando no haya sido quien lo diseñó y desarrolló.
Al final, más allá de las reglas, el éxito de la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina se medirá por el número de personas a las que efectivamente llegue.
En suma, esta tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para reducir desigualdades, ampliar oportunidades y acercar el conocimiento y los servicios a quienes históricamente han tenido menos acceso a ellos. Pero también puede producir el efecto contrario e incrementar la brecha y la desigualdad si no se adoptan las políticas adecuadas.